VALÈNCIA, 27 de enero. La jueza del juzgado de Catarroja, a cargo de la investigación sobre la gestión de la dana que causó 230 muertes en Valencia, ha tomado una nueva medida este martes. Tras escuchar el testimonio de dos altos funcionarios de la Abogacía de la Generalitat, la magistrada ha solicitado que se verifiquen las facturas de teléfonos móviles para esclarecer las horas de las llamadas realizadas el 29 de octubre de 2024, en relación a un posible confinamiento de la población. Además, ha instado al exsecretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, a que considere presentar su factura telefónica para facilitar esta verificación.

En primer lugar, la jueza ha incorporado a la causa ciertos correos electrónicos que fueron proporcionados de forma voluntaria por el coordinador de la Abogacía de la Generalitat en la Conselleria de Justicia. Estos documentos se han enviado a las partes implicadas y al ministerio fiscal para su revisión.

En otro aspecto de la investigación, se ha solicitado el cotejo de una llamada realizada por el testigo a la directora general de la Abogacía General, Inés Sánchez, alrededor de las 20:45 del 29 de octubre de 2024. Con el consentimiento expreso del testigo, la jueza ha decidido que la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones proporcione los registros de llamadas desde las 17:00 horas de ese mismo día al número corporativo de Ricardo García, el subsecretario de Justicia e Interior.

Asimismo, basándose en el testimonio del Abogado General de la Generalitat, la jueza ha requerido a Cayetano García que, si lo desea, presente su factura telefónica en un plazo de cinco días para asentar la prueba de las dos llamadas que realizó esa tarde. Esta acción busca garantizar que se documente adecuadamente en el procedimiento judicial.

De acuerdo a lo que expuso el coordinador de la Abogacía de la Generalitat, quien fue el primer testigo en declarar, le informó a Ricardo García que la normativa vigente permitía el confinamiento "con el fin de salvar el mayor número de vidas". El testigo afirmó que no era necesario ningún informe adicional para ordenar dicho confinamiento.

En su declaración, el testigo indicó que al final de la tarde del día del desastre, después de las 20:00 horas, habló con García, quien sugirió que se estudiara la opción de un confinamiento debido al riesgo que planteaba la presa de Forata. Después, aproximadamente a las 20:45 horas, realizó una llamada a la directora general.

Según lo que comunicó verbalmente a Ricardo García, la normativa de emergencias tanto a nivel nacional como autonómico permitía adoptar medidas de confinamiento o evacuaciones obligatorias, resaltando que la protección de la vida es un principio fundamental que prevalece sobre otros derechos.

El Abogado General de la Generalitat, el segundo testigo, informó que tuvo una conversación breve con Cayetano García alrededor de las 19:45 horas, durante la cual le transmitió que existía un riesgo de fallo en la presa de Forata y se consideraba la posibilidad de un confinamiento. Este, según su relato, no fue exactamente una consulta, sino más bien una advertencia de que se estaba contemplando esa opción.

Además, aclaró que no recibió ninguna llamada de la investigada exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, y mencionó que tuvo otra conversación con García a las 20:30 horas, donde le comunicaron que debían descartar la idea del confinamiento. A partir de ese momento, dejó de considerar el asunto.