La magistrada del Juzgado de Catarroja ha hecho un llamado al área de Igualdad para que entregue los informes relacionados con la trágica muerte de los usuarios de la residencia en Paiporta, tras las riadas ocurridas el pasado 29 de octubre. La solicitud se enmarca en el estudio de la gestión de la dana, impulsada por el sindicato FETAP-CGT, que actúa como acusación popular en este caso.

En un auto emitido este martes, la juez ha decidido proceder con la obtención de las declaraciones correspondientes a un caso en un tribunal de Llíria, vinculado a una conversación telefónica entre un empleado del Centro de Coordinación de Emergencias y un meteorólogo de la Aemet. Dicha llamada, que se produjo en el día de la tragedia, ha sido objeto de controversia debido a su difusión incompleta.

La magistrada ha indicado que este proceso en Llíria surgió a raíz de una denuncia presentada por la Aemet, que acusó de una divulgación “alterada” del contenido de la llamada. Además, el pronunciamiento de la Fiscalía Provincial de Valencia sugiere la posible existencia de un delito, lo que ha llevado a la instructora a solicitar las diligencias de ese juzgado para que sean incorporadas al procedimiento actual.

Asimismo, se ha acordado comunicar al Centro de Coordinación de Emergencias que identifique a las personas que solicitaron a la Aemet que ajustara las predicciones a corto plazo para la zona afectada, algo que podría ser crucial en este contexto.

Por su parte, FETAP-CGT había solicitado que se entregara la transcripción completa de la llamada con la Aemet, que tuvo lugar el 29 de octubre a las 12:01, en la que se advertía de las precipitaciones severas y su evolución durante la tarde. La magistrada ha reafirmado que el valor de estas transcripciones, según lo establecido por el Tribunal Supremo, radica en la existencia de grabaciones originales, las cuales deben ser tratadas adecuadamente en un entorno judicial.

La juez también ha reiterado que cualquier transcripción no verificada judicialmente no puede ser considerada como evidencia sólida. Indica que se debe garantizar que las partes involucradas tengan acceso a dicha información de manera transparente para poder ejercer su derecho a la defensa.

Ha llamado la atención el hecho de que el único ciudadano mencionado en la transcripción sea el jefe de Climatología de la Aemet, mientras que otros elementos relevantes parecen haber sido omitidos. Esta falta de transparencia en la difusión de la información ha llevando a la magistrada a requerir el testimonio de las diligencias en el juzgado de Llíria.

En otro aspecto, la magistrada ha solicitado a la Conselleria de Servicios Sociales que proporcione los informes relacionados con las muertes en la residencia de Paiporta, donde fallecieron seis usuarios debido a las inundaciones. Esta petición responde a la demanda de una acusación particular que busca claridad sobre los parámetros de evacuación y emergencia en el centro.

Sin embargo, solo se ha accedido a solicitar los informes de fallecimiento, ya que las demás pruebas recolectadas señalaban posibles negligencias en la actuación del personal a cargo de la evacuación durante la crisis el 29 de octubre.

La instructora considera necesario obtener un análisis de la póliza de responsabilidad civil del centro y, si se requiere, un informe técnico que evalúe las condiciones de las instalaciones frente a emergencias. Es relevante destacar que ya existen informes meteorológicos de la Aemet en el expediente, lo que reduce la necesidad de realizar una inspección ocular adicional.

Desde el punto de vista de la magistrada, es crucial reconocer que no solo la residencia, sino la población en su conjunto sufrió por la falta de avisos efectivos que hubieran permitido llevar a cabo medidas de autoprotección apropiadas. Por ello, subraya la inacción del gobierno autonómico en materia de protección civil en esta emergencia.

A pesar de la tragedia, la jueza no encuentra indicios sólidos de responsabilidad penal. Reconoce el dolor de los familiares de los fallecidos, pero indica que no se han establecido en este caso acciones delictivas por parte de los responsables del centro.

Finalmente, junto a estos dictámenes, también se ha comunicado la recepción de diversos escritos y recursos de las partes involucradas. Al mismo tiempo, se ha solicitado a la Guardia Civil que descargue videos relacionados con el caso que circulan en plataformas como Youtube, lo que podría ser relevante para el proceso judicial en curso.