VALÈNCIA, 2 de julio. En un giro significativo en la investigación sobre la devastadora DANA que golpeó a la región el pasado 29 de octubre, la jueza encargada del caso ha solicitado información adicional acerca del barranco del Poyo. Este evento trágico resultó en la pérdida de 228 vidas y daños indescriptibles en la infraestructura local.

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) compartió una providencia proveniente de la Plaza Número 3 de la Sección Civil y de Instrucción de Catarroja, donde se desglosa la necesidad de mayor información en el contexto de la investigación por la DANA.

La solicitud se origina a raíz de una petición presentada por Acció Cultural del País Valencià, una de las partes acusadoras en el proceso. En este sentido, se instruye a la Conselleria de Emergencias a que, en un plazo de cinco días, envíe al juzgado una copia de la nota emitida a las 12.30 del día 29, que solicitaba vigilancia sobre el río Magro y el barranco del Poyo, especificando los remitentes y destinatarios del mensaje.

Además, la jueza ha requerido una copia de la comunicación del coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos Forestales de Valencia, que da autorización para la activación de medidas de emergencia, detallando que las áreas de intervención incluyen el río Magro cerca del puente de Carlet y el barranco del Poyo en las localidades de Torrent, Picanya y Paiporta.

En una acción adicional, se ha ordenado que el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia proporcione información sobre las unidades que fueron movilizadas, incluyendo los lugares específicos de actuación, así como los horarios de llegada y finalización de sus intervenciones, junto con cualquier informe elaborado durante la emergencia.

También se ha solicitado al Consorcio que indique el número de helicópteros disponibles el día de la DANA, si se solicitaron permisos para operar en el espacio aéreo y el propósito que se les asignó en ese día crítico.

Por último, en respuesta a una solicitud de la Confederació Intersindical Valenciana, la jueza ha ordenado a la sala de atención de llamadas del 112 que remita, en un plazo de cinco días, copias de los informes generados por el supervisor de la sala la noche del 28 al 29 de octubre, así como los tres informes elaborados durante el día de la inundación para el traspaso de información entre turnos.

Se ha solicitado, además, que se envíen las grabaciones del mensaje 'VRU' emitidas desde la sala de atención, junto con una certificación que indique el momento exacto en que dichas grabaciones fueron publicadas y actualizadas, en función de la evolución de la crisis.