Los jueces y juezas de la Comunitat Valenciana han completado un proceso por corrupción durante el primer trimestre del año, dictando auto de apertura de juicio oral o procesamiento contra ocho personas físicas, sin ninguna jurídica. También han dictado dos sentencias condenatorias, una de ellas por conformidad. El Consejo General del Poder Judicial ha incorporado la información correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de este año y ha actualizado el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción.

En todo el país, los jueces y juezas españoles han concluido un total de nueve procedimientos por delitos de corrupción en este mismo periodo. Un total de 119 personas, 85 físicas y 34 jurídicas, han sido llevadas a juicio por estos delitos. Entre enero y marzo, se dictaron 15 sentencias. Los procedimientos judiciales recogidos se refieren a la denominada corrupción pública, que es la que más preocupa a la ciudadanía, según señala el CGPJ. En estos procedimientos judiciales, los protagonistas son funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, abarcando tanto la corrupción administrativa como la política.

Estos delitos se presentan en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación de funcionarios públicos (404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (428, 429 y 430), malversación (432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (439, 441, 442, 443 y 445) y receptación y blanqueo de capitales (303).

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, los juzgados y tribunales han dictado 15 sentencias en procedimientos por delitos de corrupción; dos de estas sentencias corresponden a la Comunitat Valenciana. De estas, 10 fueron total o parcialmente condenatorias y 5 absolvieron a los acusados. El fallo fue condenatorio en dos de cada tres (66,66 %) casos.

A principios de este año, se hizo pública la sentencia por el primer juicio por la macrocausa de Imelsa, en la que la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia condenó al gerente de la extinta empresa pública de la Diputación provincial, Marcos Benavent a siete años y diez meses de prisión por los delitos de prevaricación, malversación y falsificación y blanqueo en la primera pieza del caso, la de Thematica. La sala absolvió a Benavent, el administrador de Thematica Events, Rafael García Barat, el exalcalde de Moncada con el PP y exvicepresidente de la corporación provincial Juan José Medina, y al PP como responsable civil subsidiario del delito de malversación de caudales públicos. El juicio juzgaba las irregularidades en adjudicaciones a la empresa Thematica Events, de la que el gerente era el titular encubierto del 40% y un presunto desvío de fondos para el pago de campañas electorales del Partido Popular.