El reciente fallo de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha cerrado temporalmente el caso del devastador incendio ocurrido en el barrio de Campanar el 22 de febrero del año pasado, que resultó en la pérdida de diez vidas. El tribunal ha confirmado la decisión del Juzgado de Instrucción número 9 de València de archivar las diligencias, concluyendo que el siniestro fue un accidente sin culpables identificables.

La resolución no solo refuerza el dictamen inicial emitido el 30 de mayo, sino que también desestima los recursos interpuestos por los familiares de las víctimas y diversas organizaciones que buscaban continuar con la investigación. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juzgado actuó de forma adecuada al no encontrar evidencia de alguna infracción penal relacionada con el incendio.

Los magistrados enfatizan que se cumplió con el "deber de especial diligencia" requerido en casos con víctimas mortales, demostrando que se utilizaron todas las herramientas de investigación necesarias. A pesar de la magnitud del accidente y las trágicas consecuencias que dejó, el tribunal consideró que no había fundamentos sólidos para seguir adelante con los procedimientos legales.

El TSJCV también señala que, aunque la tragedia justificó una investigación penal inicial, los hechos ya analizados hasta la fecha demuestran que continuar con el proceso carecería de sentido. La prolongación del caso sin un rumbo claro podría interpretarse como un esfuerzo infructuoso y legalmente cuestionable, argumentan los jueces.

De acuerdo con el auto, el incendio fue causado por un fallo en un frigorífico, comprado más de diez años antes del desastre. Aunque originalmente funcionaba correctamente, el tribunal reconoce que cualquier electrodoméstico puede fallar con el tiempo, lo que no sugiere un defecto que requiera investigación penal. Además, el tribunal apunta que otros factores contribuyeron al siniestro y que no hay elementos suficientes para asignar responsabilidad penal a personas o entidades.

Asimismo, se desestimaron partes del recurso que intentaban cuestionar el origen del incendio y la actuación de los bomberos, así como los materiales de construcción utilizados, al considerarlos ya investigados. Los magistrados advierten que estas solicitudes parecen buscar una pesquisa general sin base sólida, un enfoque prohibido en el ámbito del derecho penal.

Finalmente, se concluye que no existen los elementos necesarios para formular cargos, lo que significa que el proceso no avanzará hacia una fase de juicio. La resolución reafirma la necesidad de respetar el marco jurídico establecido, recordando que las emociones de los afectados no justifican una instrucción indefinida o indiscriminada.