El déficit de plazas residenciales en España se concentra principalmente en las comunidades autónomas de Andalucía y la Comunitat Valenciana, que juntas acumulan el 65,3% del total del déficit nacional. Esta alarmante cifra ha sido revelada por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que ha querido llamar la atención sobre la creciente necesidad de atención para personas con dependencia severa.

De acuerdo con las estimaciones de la mencionada asociación, se requerirían más de 50.000 plazas residenciales adicionales para satisfacer la demanda actual de aquellos que necesitan un cuidado intensivo. Además, para alcanzar una ratio ideal de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, se requerirían casi 100.000 plazas en total. En particular, la Comunitat Valenciana evidencia una carencia de 26.929 plazas para alcanzar dicha proporción.

El estudio que respalda estas afirmaciones, titulado 'Situación y evolución de los servicios residenciales para personas mayores en España (2010/2024)', señala que la ocupación media en Andalucía es del 61,3%, considerablemente inferior al 82,4% registrado en el resto del país. En este contexto, el número promedio de plazas por centro en la comunidad asciende a 86,6, frente a las 73,5 plazas a nivel nacional. De las plazas disponibles, 19.593 son de financiación pública y 8.791 privadas, reflejando una mayor presencia de la gestión pública en el sector.

A nivel nacional, la situación se agrava, ya que 339.655 personas residen en centros, lo que representa un incremento notable del 15,9% en comparación con el año pasado. En un análisis más profundo, se observa que, a pesar del aumento en el número de plazas residenciales, la población mayor de 65 años ha crecido en más de 800.000 personas en los últimos cuatro años, lo que subraya la falta de recursos disponibles para la atención de esta franja demográfica.

Según los últimos informes, existen 32.842 personas con Grado II y 15.686 con Grado III de dependencia que esperan una plaza en una residencia. Además, hay 57.091 individuos en espera de evaluación, que potencialmente podrían obtener un grado de dependencia. Si aplicamos las tasas de atención actuales, se estima que la demanda real de plazas residenciales para personas en situación de dependencia severa se sitúa en alrededor de 32.241 individuos.

Adicionalmente, se identifican 6.652 Programas Individuales de Atención (PIAS) que no se están utilizando en residencias, y 12.070 PIAS de prestaciones vinculadas que tampoco son efectivos. A estos casos se suman las solicitudes de revisión de grado por empeoramiento de salud. La asociación concluye que, para abordar la situación de espera de las personas con dependencia, se requieren al menos 50.000 nuevas plazas residenciales.

Las comunidades autónomas que enfrentan el mayor déficit de plazas incluyen Andalucía y la Comunitat Valenciana, con 36.327 y 26.929 plazas necesarias, respectivamente, lo que representa una proporción significativa del déficit nacional. Por el contrario, otras siete regiones poseen un exceso de plazas, destacando Castilla y León con 16.712, y otras cinco comunidades presentan una ocupación casi total de sus centros, con tasas que superan el 95%.

La asociación también advierte que estos datos revelan problemas en la distribución de las plazas residenciales y su coste, que limita el acceso a una gran parte de la población que las necesita. Comunidades como Asturias y el País Vasco, junto con la Comunitat Valenciana, son ejemplos de esta problemática en acceso a los servicios.

En cuanto a la tipología de las plazas, el 71,1% de ellas son de financiación pública, que incluye tanto centros gestionados directamente por el gobierno como aquellos concertados en el ámbito privado. Desde 2015, el número y el porcentaje de plazas financiadas por el sector público han aumentado, aunque aún están por debajo de la meta de cinco plazas por cada 100 mayores de 65 años. Castilla y León y Castilla-La Mancha son las que mejor cobertura tienen en este aspecto, seguidas por Extremadura y Aragón, mientras que Canarias, Murcia y la Comunitat Valenciana se encuentran entre las que menor oferta presentan.

Finalmente, en relación con el enfoque del Ministerio de Derechos Sociales para desinstitucionalizar los cuidados de personas dependientes, los representantes de la asociación han expresado su descontento por la falta de avances. Aseguran que los datos recientes sobre la atención domiciliaria revelan una situación preocupante, con un promedio de tan solo 23,8 horas de atención al mes, apenas un leve aumento respecto a hace más de una década.