VALÈNCIA, 9 de diciembre. En la ciudad de Valencia persiste una grave situación para las personas migrantes, especialmente en áreas afectadas por la reciente dana. Las organizaciones que apoyan a estos individuos han resaltado que la catástrofe ha exacerbado desigualdades ya existentes, haciendo la regularización extraordinaria ineficaz y restringiendo aún más su acceso a derechos fundamentales. Este contexto ha propiciado además un aumento de discursos de odio en plataformas digitales.

Este análisis se encuentra en el III Balance Anual sobre Discriminación por Racismo y Xenofobia en Valencia, presentado por varias organizaciones, entre ellas Campaña CIEs NO, CEAR-PV y València Acull. Representantes como Víctor Navarro, Silvana Cabrera y Esther Mamadou expusieron los serios desafíos que enfrenta esta población en las localidades dañadas por la tormenta.

Los voceros advirtieron que la situación ha empeorado significativamente y lamentaron la falta de comprensión por parte de las administraciones de sanidad, educación y servicios sociales respecto a la Ley de Extranjería. Asimismo, manifestaron que la atención que estas personas reciben es insuficiente y que están expuestas a episodios de racismo en su día a día.

Se destacó que el mecanismo de regularización extraordinaria implementado tras la dana ha sido insuficiente, debido principalmente a las dificultades que enfrentan los migrantes para empadronarse y la limitada disposición de los ayuntamientos y servicios sociales para colaborar en la emisión de certificados de residencia efectiva.

El año anterior, Oxfam Intermón estimó que más de 40,000 migrantes se encontraban en situación administrativa irregular en la zona afectada, de los cuales solo alrededor de 23,000 iniciaron su regularización. Aparentemente, muchos quedaron fuera del proceso por no poder empadronarse o porque no cumplían los requisitos necesarios para que los Servicios Sociales elaborasen un Informe de Residencia Efectiva.

Cabrera señaló que un gran número de quienes trabajan en sectores esenciales como la construcción y los cuidados son migrantes que carecen de contratos laborales y mantienen situaciones irregulares. La falta de empadronamiento, en consecuencia, ha dificultado su acceso a servicios sociales, atención médica y educación. En el ámbito escolar, se han observado profundas dificultades para reubicar a los menores que cambiaron de centro debido a los daños en infraestructuras educativas, además de la ausencia de protocolos antirracistas en las aulas.

En relación a la vivienda, Cabrera destacó que no se diseñó un plan de reubicación durante la emergencia, lo que ha resultado en condiciones de vida inadecuadas y hacinamiento. Desde las entidades se informó sobre situaciones inaceptables, como la de un garaje convertido en 14 viviendas donde 27 personas malviven.

El informe también señala que ha habido una marcada falta de inspecciones en zonas vulnerables tras la emergencia, lo que ha perpetuado condiciones insalubres. Además, denunciaron una notoria falta de coordinación entre ayuntamientos, servicios sociales y organizaciones, lo que ha demorado las respuestas necesarias a esta grave situación.

La portavoz Cabrera enfatizó que, a día de hoy, la situación sigue siendo alarmante. Aunque se menciona la negligencia en la respuesta a la crisis, no se toma en cuenta que aquellos que más sufren son los migrantes en situación irregular, quienes no han recibido apoyo ni del gobierno autonómico ni del estatal, encontrándose en condiciones críticas.

Más allá de las consecuencia inmediatas, el informe también habla del incremento de prejuicios raciales y una creciente desconfianza hacia las instituciones públicas. Se afirma que en las redes sociales han proliferado mensajes que culpabilizan a los migrantes por la saturación de servicios y cuestionan su derecho a recibir ayuda humanitaria.

Las organizaciones denunciaron igualmente prácticas policiales discriminatorias, incluso en momentos de distribución de ayuda, y señalaron ejemplos de exclusión donde algunos servicios sociales priorizaron a ciudadanos nacionales sobre migrantes, exigiendo documentación innecesaria.

El informe trata además sobre incidentes discriminatorios reportados en el área metropolitana de Valencia durante 2025. Mamadou ha indicado que no ha habido mejoras significativas respecto a años anteriores, subrayando la carencia de políticas públicas que aborden de una vez las problemáticas que se repiten anualmente.

También se manifestó preocupación por los migrantes sin hogar y aquellos que viven en condiciones de infravivienda, quienes se enfrentan a obstáculos para acceder a un empadronamiento que les permita acceder a derechos básicos. En agosto, se registró una baja masiva de más de 8,000 migrantes en el padrón del Ayuntamiento de Valencia.

Las entidades han criticado las dificultades para acceder a los procedimientos de protección internacional, señalando que la Policía Nacional no está respondiendo de manera eficiente a pesar de las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Resaltaron casos en los que personas han perdido empleo y oportunidades laborales debido a la caducidad de sus documentos.

En el ámbito educativo, se informaron dificultades para que los padres comprendieran los trámites administrativos y la ausencia de apoyo para aquellos que enfrentan casos de acoso o racismo en las aulas. También se mencionó un incidente de violencia policial contra una familia colombiana, evidenciando la necesidad de formar al personal en las instituciones para abordar estas problemáticas.

Las entidades también denunciaron la falta de plazas en albergues y la violencia que enfrentan las personas en situación de calle, resaltando una lista de espera que puede extenderse hasta cuatro meses.