La defensa de Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias, ha solicitado de nuevo la declaración de los guardias civiles implicados en la gestión del informe sobre la riada del 29 de octubre, argumentando que existe un "trato desigual" en comparación con otros peritos que han sido convocados por la magistrada.

En su reciente recurso, al que ha tenido acceso nuestro medio, el abogado de Argüeso expresa que la jueza encargada del caso busca victimizarse de forma "maniquea" para justificar sanciones que considera "ilícitas". Esta petición surge tras cuestionar si el esposo de la magistrada tuvo algún papel en los interrogatorios a las víctimas, lo que ha generado una controversia que ha escalado rápidamente.

El letrado, José María Bueno Manzanares, sostiene que la decisión de la jueza de imponen una posible sanción al abogado es una respuesta inapropiada a la solicitud de información sobre las implicaciones del esposo de la magistrada en el caso. A su juicio, esta reacción menoscaba la labor de la defensa y proyecta una imagen errónea de las intenciones de su cliente.

La magistrada argumentó en su resolución que el requerimiento de la defensa buscaba cuestionar su capacidad para gestionar el procedimiento, lo que el abogado considera una "conjetura incorrecta". Enfatiza que no hubo intención de menospreciar ni de calificar a la jueza de forma inadecuada, sino simplemente una búsqueda de clarificación referente a los interrogatorios.

El abogado niega cualquier insinuación de que su solicitud pudiera interpretarse como un ataque a la magistrada, señalando que si hubiera sido un juez masculino en una situación similar, la defensa habría actuado de la misma manera. Argumenta que el foco debe estar en la posible participación de un juez en los interrogatorios, independientemente de su relación personal con la magistrada.

La defensa ha caracterizado la resolución de la jueza como un "borbotón de ideas" y "sospechas" que se han presentado como hechos, lo cual describe como un ataque injustificado a la credibilidad del abogado. El letrado argumenta que la decisión de sancionarlo se basa más en percepciones personales que en evidencias concretas y solicita que se revoque esta medida.

Además, el abogado subraya la importancia de contar con la declaración de los guardias civiles que emitieron el informe, enfatizando que la magistrada debería permitir que el informe, que puede no coincidir con sus expectativas, sea parte del proceso para asegurar que todos los testimonios sean escuchados. Denuncia que hay un trato preferencial hacia ciertos peritos en comparación con los de la Guardia Civil, lo que puede influir negativamente en la equidad del juicio.

El letrado critica la decisión de la jueza de inadmitir la prueba, sugiriendo que sus afirmaciones sobre las circunstancias de la reunión del CECOPI son poco fundamentadas y no evidencian la realidad de lo ocurrido. De esta manera, el abogado reitera su desacuerdo y busca refutar las afirmaciones de la jueza, pidiendo así una revisión a fondo de la gestión del caso.