La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha expresado su oposición a la propuesta del Gobierno de distribuir menores migrantes entre las comunidades autónomas, considerando que dicho plan es "irresponsable" y "en contra de la Constitución". Camarero aseveró que la administración valenciana se esforzará por explorar todas las alternativas para evitar recibir a los 571 menores que le corresponderían en esta redistribución, la cual califica de "injustificada" dadas las condiciones de capacidad de acogida de la Comunidad Valenciana.

El Gobierno de Pedro Sánchez está considerando un reparto de casi 5.000 menores migrantes, y Camarero destacó que el coste por niño acogiéndoles bajo el sistema de protección actual alcanzaría los 45,5 millones de euros anuales, un gasto que la Generalitat no puede asumir sin el respaldo necesario del Ejecutivo central. "No podemos tratar a los menores como si fueran cifras o mercancías", subrayó la vicepresidenta en un acto en Valencia.

Antes de visitar un centro de atención de inmigrantes, la consellera observó que las comunidades autónomas gobernadas por el PP, incluida la Comunitat Valenciana, boicotearon una reunión donde se iba a discutir este tema debido a que consideraron que estaba convocada de manera ilegal. Según su declaración, todo lo que se decida en dicha conferencia será nulo por no haber alcanzado previamente un acuerdo.

Camarero subrayó el deseo de la Generalitat de no ser cómplice de un proceso que considera "poco transparente" y que ignora las necesidades y el criterio de las comunidades autónomas. A su juicio, el Gobierno está desestimando las preocupaciones de estas administraciones al no ofrecer respuestas concretas sobre sus inquietudes.

En su crítica más fuerte, la vicepresidenta acusó al Gobierno de intentar desviar la atención de otros problemas, como los casos de corrupción que afectan a Sánchez, utilizando la situación de los menores migrantes como "cortina de humo". Afirmó que la crisis en Canarias no es nueva y que no hay una verdadera urgencia que justifique una redistribución apresurada de los menores.

Además, Camarero señaló que el Ejecutivo está actuando de manera irresponsable al no tomar medidas efectivas para abordar la crisis migratoria, limitándose a un simple reparto. Denunció también el incumplimiento de sentencias del Tribunal Supremo relacionadas con este asunto.

En su exposición, enfatizó que el reparto de menores es "inconstitucional" y que invade competencias autonómicas, lo que podría desestabilizar el sistema de protección actual en la Comunitat Valenciana. Instó al Gobierno a tener una planificación adecuada sobre cuántos menores se enviarían, sus condiciones y edades, señalando que la falta de información está generando incertidumbre.

Camarero defendió que la Comunitat Valenciana es una región solidaria y responsable, y recalcó que no caerán en la "trampa" del Gobierno de aceptar este traslado masivo de menores, lo que podría comprometer aún más un sistema que ya se encuentra al 160% de su capacidad.

Reiteró su solicitud al Ejecutivo para que deje de utilizar a los menores como un objeto político y que busque soluciones junto a las comunidades autónomas para enfrentar la crisis migratoria de manera efectiva. Además, hizo un llamado para establecer políticas migratorias que aborden el problema desde su origen, implicándose en las naciones de donde provienen estos jóvenes, así como para combatir las mafias que pueden poner en peligro sus vidas.

La consellera también comentó sobre la importancia de facilitar la transición a la vida adulta para aquellos que alcanzan los 18 años y abandonan el sistema de protección, lamentando que el gobierno central no ha implementado ninguna medida para ayudarles en esta etapa crucial. En contraste, la Generalitat ha brindado apoyo a más de 400 jóvenes en viviendas tuteladas y ha asistido a más de 2.300 personas en su búsqueda de empleo y formación.