VALÈNCIA, 25 de marzo. La Generalitat Valenciana se encuentra en pleno proceso de elaboración de un mapa que permitirá identificar cuántas personas residen en edificios con ascensores que han sufrido daños a causa de la reciente dana y que podrían requerir un realojo. La información fue proporcionada por Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, durante una rueda de prensa post-pleno del Gobierno valenciano.

Camarero explicó: "Estamos trabajando en la creación de este mapa para entender mejor la situación de las personas que podrían necesitar un realojo. Tal como indicaba el vicepresidente el pasado viernes, seguimos dispuestos a ofrecer estas opciones a quienes lo requieran, aunque es cierto que muchas familias prefieren permanecer en sus hogares."

La vicepresidenta también mencionó que desde el inicio de la crisis se ha habilitado una ayuda de 800 euros mensuales para alquiler durante un año, pero ha notado que la demanda por este tipo de asistencia es escasa. "Los afectados prefieren quedarse en sus municipios y, lamentablemente, no hay opciones de alquiler disponibles en esos lugares", destacó como un ejemplo de la situación actual.

El Gobierno autonómico está llevando a cabo un exhaustivo análisis para determinar el número de personas que han visto afectados sus ascensores y ha sostenido reuniones con organizaciones como Cermi, Cruz Roja y la UME para obtener datos precisos.

Para avanzar en esta tarea, Camarero comentó que han contactado con administradores de fincas para que realicen un cálculo sobre cuántas personas están afectadas, considerando aspectos como la edad y las condiciones socioeconómicas de los residentes. Sin embargo, todavía no se cuenta con cifras concretas al respecto.

La Generalitat ha procedido a realojar a personas mayores que vivían en viviendas afectadas por los daños de la dana, y están facilitando esta opción mediante los Servicios Sociales municipales. Además, se están tomando medidas para garantizar que la comunidad tenga acceso a alimentos y otros servicios necesarios.

Por otra parte, la vicepresidenta ha enviado una comunicación al Consorcio para que efectúe los pagos a las comunidades de propietarios, ya que la falta de reparación de muchos ascensores se debe a problemas como la carencia de piezas, la falta de personal y la necesidad de claridad sobre los fondos que recibirán para atender estos problemas.

Camarero también fue cuestionada sobre el recurso presentado por la exconsellera Salomé Pradas, quien ha solicitado aclaraciones respecto a su citación como investigada en torno a la gestión de la dana, alegando ser un "chivo expiatorio." La vicepresidenta comentó que respeta las instrucciones judiciales, aunque hizo mención a que en el mismo recurso se hace referencia a otras administraciones y a la Confederación Hidrográfica.

Respecto a una resolución judicial que enfatizó la falta de reacción por parte de la Generalitat ante el desbordamiento del barranco, Camarero se abstuvo de emitir un juicio sobre el asunto, ya que está en curso una investigación. Sin embargo, recordó que el Cecopi, que integra más de 20 personas, no abordó el caso del barranco del Poyo, aunque sí se habló de la presa de Forata, que fue crucial para emitir la alerta correspondiente.

Finalmente, respondió a las declaraciones de familiares de víctimas que se encontraban en la residencia de Paiporta durante el incidente y que aseguran la inexistencia de protocolos adecuados. "La Conselleria hizo llegar el protocolo de inundaciones, y todas las residencias estaban informadas. Lo que ocurrió en Paiporta fue una riada, algo para lo cual no existen protocolos específicos. No estaba lloviendo en ese momento," concluyó, a la vez que subrayó el impresionante esfuerzo de los profesionales en servicios sociales y residencias, quienes ese día lograron salvar muchas vidas.