VALÈNCIA, 15 de julio. El Gobierno Valenciano ha dado luz verde a la Abogacía General de la Generalitat para que actúe en calidad de acusación popular en el caso del brutal asesinato de Alejandra y su pequeño hijo de apenas tres años, ocurrido el 25 de junio en Algemesí.

En una conferencia de prensa, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, enfatizó que el Ejecutivo autonómico ha manifestado en múltiples ocasiones que los actos de violencia de género generan un dolor profundo en la sociedad, especialmente cuando involucran a víctimas inocentes y vulnerables, como en esta trágica situación.

Camarero destacó que el Consell no solo condena enérgicamente estos actos, sino que también se encuentra comprometido en la erradicación cotidiana de esta problemática social. "Estamos determinados a perseguir a los agresores y asesinos en estos casos, y por ello tomamos parte activa cada vez que se produce un asesinato vinculado a la violencia de género en nuestra comunidad", afirmó.

El Consell ha declarado que este trágico suceso representa un grave caso de violencia hacia la mujer, un asunto de interés público que exige una respuesta decidida y comprometida por parte de las autoridades públicas, con la finalidad de eliminar por completo esta lacra social.

En este contexto, la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha trazado un plan de acción a seguir en situaciones de asesinatos de mujeres, buscando sumar esfuerzos y visibilizar el rechazo colectivo hacia cualquier manifestación de violencia que atente contra la mujer y, más aún, en aquellos casos donde se pierda la vida de una mujer o de sus hijos en la Comunidad Valenciana.

Asimismo, la Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el ámbito de la Comunidad Valenciana (Ley 7/2012) estipula, en su artículo 58, que el Gobierno regional ejercerá la acción popular en todos los procedimientos penales por delitos de violencia de género que resulten en muerte, así como en aquellos incidentes que generen alarma social o produzcan lesiones de gravedad.

Por otro lado, el artículo 36 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, también señala que la Conselleria responsable de cuestiones de género tiene la potestad de proponer al Consell el ejercicio de la acción popular ante delitos que implican agresiones físicas que causen muerte o lesiones graves a mujeres residentes en la Comunidad Valenciana.