VALÈNCIA, 4 de agosto.

La Generalitat Valenciana ha solicitado, al igual que la Fiscalía Anticorrupción, una pena de cuatro años de prisión para Francis Puig, hermano del ex presidente del Consell Ximo Puig, como consecuencia del caso de las subvenciones irregulares. Además, se han requerido tres años de cárcel para su socio, Juan Enrique Adell Bover.

Esta información fue revelada a través de un documento al que tuvo acceso Europa Press, el cual fue presentado por la Abogacía ante el Juzgado de Instrucción número 4 de València, que investiga un presunto fraude relacionado con la concesión de ayudas públicas.

El fiscal ha argumentado que Francis Puig debe enfrentar una condena de cuatro años por falsedad documental continuada, en concurso con estafa agravada, además de una multa. En cuanto a Bover, se le imputa un delito continuado de falsedad en documento mercantil, también en concurso con estafa agravada, por el que pide tres años de prisión.

Asimismo, se ha solicitado que Puig, en su calidad de administrador de Masmut Produccions S.L., sea responsable de abonar a la Generalitat la suma de 58.866,69 euros. Además, Bover, como coautor del delito, deberá indemnizar solidariamente por un total de 74.710,75 euros, cuyos importes provienen de la facturación de Kriol, Canal Maestrat y Nova CB. Esta cantidad se dividirá proporcionalmente entre la Generalitat Valenciana y la de Catalunya de acuerdo con las normativas aplicables a las subvenciones en cuestión.

Según las investigaciones realizadas, principalmente basadas en informes de la Policía Judicial y de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, se ha determinado que se obtuvieron ayudas del Consell de manera “indebida y fraudulenta”. Se han identificado facturas no subvencionables, gastos que no se llevaron a cabo, y facturas que podrían considerarse falsas, por motivos como duplicidad, autofacturación, facturas cruzadas, y falta de pagos correspondientes.

El juzgado había tomado la decisión de procesar a Francis Puig y Juan Enrique Adell Bover a principios de enero por su implicación en un caso que investiga subvenciones públicas para la promoción del valenciano en medios de comunicación, recibidas por sus empresas y por Mas Mut Produccions SL entre 2015 y 2018.

En el auto de iniciación del procedimiento abreviado, el juez destacó que las acciones de los encausados eran significativas tanto en términos cuantitativos como en relación con los métodos empleados: facturas falsas, sociedades pantalla, domicilios ficticios y actividades que no estaban conectadas con la subvención obtenida, lo que resultó en un enriquecimiento indebido para las sociedades dirigidas por Francis Puig Ferrer y Juan Enrique Adell Bover.

El documento judicial expone las evidencias que sugieren que los investigados utilizaron prácticas fraudulentas, como facturas espurias y sociedades instrumentales, para obtener las ayudas que se investigan.

La investigación se centra en las ayudas otorgadas a Comunicacions dels Ports SA, Mas Mut Produccions SL y Canal Maestrat, donde la Generalitat Valenciana destinadas a la protección y difusión del idioma valenciano, mientras que la Generalitat catalana otorgó subvenciones para servicios en lengua catalana o aranesa.