VALÈNCIA, 8 de septiembre.

La jueza de Catarroja, que se encarga del caso relacionado con la DANA, ha rechazado la solicitud presentada por Ciudadanos, que ejerce la acusación popular, para llevar a cabo la triangulación de los teléfonos móviles de los dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y Emilio Argüeso, quien fue su mano derecha. Esta solicitud se centraba en las horas críticas del 29 de octubre, día en que se produjeron las devastadoras riadas.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha hecho público un auto este lunes donde la magistrada ha desestimado no solo la triangulación de los móviles, sino también otra diligencia solicitada por Ciudadanos, que pedía a Àpunt Media la grabación de audio de una de sus cámaras en el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) en la misma fecha.

En relación a la triangulación de los dispositivos móviles, la jueza argumenta que no es posible acceder a esta información dada la naturaleza imprudente de los delitos en cuestión. Cita el artículo 588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que reglamenta esta materia, y destaca la importancia de considerar los derechos constitucionales de los investigados a la hora de tomar decisiones sobre las pruebas.

La magistrada señala que dado que los delitos investigados son de carácter imprudente, que contemplan homicidios y lesiones, no se puede adoptar tal medida sin infringir los derechos fundamentales de los investigados. Afirma también que no se pueden admitir pruebas obtenidas de manera ilícita.

Respecto a la solicitud de grabación a À Punt, la jueza indica que esto podría comprometer el secreto profesional de los medios de comunicación, un derecho protegido tanto constitucional como jurisprudencialmente. Resalta que ya hay grabaciones de los programas emitidos por la televisión autonómica en el expediente y que no se puede acceder a otros archivos por estas mismas consideraciones legales.

La magistrada concluye que también es incierto bajo qué circunstancias se realizó la posible grabación, lo que imposibilita aceptar dicha solicitud de requerimiento.

Por otro lado, la letrada de la Administración de Justicia ha emitido un acuerdo judicial en el que se programan las declaraciones como testigos de diversos técnicos de Emergencias, un operador de comunicaciones y emergencias, la jefa de servicio del 112 y un bombero del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia para los días 7, 15, 20, 28 y 29 de octubre.