VALÈNCIA, 30 de septiembre.

La jueza encargada de la investigación sobre la gestión de la dana en Catarroja ha desestimado nuevamente la petición de investigar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. Esta solicitud fue presentada por la acusación popular de Valores, alegando un supuesto delito de omisión del deber de socorro.

Según la magistrada, resulta "completamente absurdo" continuar insistiendo en responsabilizar a la CHJ, a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), o a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Alega que a las 18:59 horas se encontraban deliberando en el Cecopi acerca del envío de un mensaje de alerta a la población, el cual no fue enviado hasta las 20:11 horas.

La jueza apunta que las acusaciones, que buscan imponer carga penal en este caso, solo implican una exoneración para los investigados. En su opinión, las preguntas planteadas presentan una notable coincidencia con las defensas, lo que no podría, de ninguna manera, tener un efecto incriminatorio sobre testigos que no asumen el rol de garantes de la situación.

La magistrada continúa argumentando que no se puede sostener que los responsables no conocieran la magnitud del problema a partir de la información disponible desde la mañana del 29 de octubre. Compara esta alegación con la idea de que un juez de violencia de género o un letrado de víctimas pueda desconocer sistemas de protección y vigilancia que son rutinarios en su ámbito.

En un auto emitido el martes, ya notificado a las partes, la jueza remarca que una resolución de junio de la Audiencia Provincial de Valencia había dejado claro que no existió un "apagón informativo" que justificara la imputación de ningún delito. Además, enfatizó que se habían realizado anuncios sobre la gravedad de la situación por diversas vías, incluidas AEMET, el 112 y los medios de comunicación.

La magistrada también destaca que durante su declaración, Miguel Polo explicó de manera exhaustiva esta situación. Argumenta que no se le puede responsabilizar por la falta de acción de quienes dirigían el plan de emergencia, quienes, a pesar de estar al tanto del colapso de los barrancos, no actuaron adecuadamente utilizando los recursos a su disposición.

Polo había sugerido enviar la alerta a las 17:30 horas, mucho antes de los registros audiovisuales del CECOPI aseverados por RTVE en la causa. A su vez, se señala que mientras se discutía el contenido del mensaje, ya había pasado un tiempo considerable desde que se propuso la posibilidad de una alerta a la población, en una situación que claramente no era la única opción comunicativa.

La magistrada observa que en imágenes de RTVE se evidencia que a las 18:59 horas ya se estaban dando instrucciones para el mensaje, lo que refuerza su argumento de lo absurdo que resulta seguir responsabilizando a la CHJ o la AEMET en este contexto.

Finalmente, enfatiza la importancia del envío de mensajes a la población para que adoptaran medidas de autoprotección. Las víctimas, lamentablemente, no eran conscientes del grave peligro al que se estaban exponiendo por actividades cotidianas, lo cual resultó en la trágica pérdida de 229 vidas en la provincia de Valencia a causa de la dana.