VALÈNCIA, 7 de mayo. La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha decidido llevar a cabo una serie de requerimientos informativos tras la solicitud de la acusación presentada por Fetap-CGT. Entre las principales indagaciones, se encuentra si la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta ante Emergencias envió las notificaciones adecuadas a todos los municipios con Planes Municipales de riesgo, en relación a las medidas de control sobre los cauces de ríos durante la preemergencia declarada el pasado 28 de octubre.

El auto judicial, registrado por la magistrada, confirma la aceptación de esta petición y también incluye un oficio que ordena al Centro de Coordinación de Emergencias que proporcione información sobre este aspecto y otros detalles relevantes "a la mayor brevedad posible". Además, se ha decidido la citación de la jefa de gabinete de la exconsejera de Justicia e Interior para declarar en el caso.

En otra resolución, la jueza informó sobre la inhibición de un juzgado de refuerzo en Torrent, en un asunto relacionado con el presidente de Aemet, el cual se integrará a una pieza separada del caso. Esta parte del proceso también incluye otros escritos y denuncias de ciudadanos que no están en calidad de demandantes o acusadores populares.

De acuerdo con la primera resolución, se ha requerido al Centro de Coordinación de Emergencias que confirme si, en cumplimiento del Plan Especial de Inundaciones, se enviaron las notificaciones pertinentes a los municipios con Plan Municipal durante la preemergencia del 28 de octubre, así como el número de municipios que formaron parte del Cecopal y los datos de retorno que proporcionaron al Centro.

La magistrada también ha solicitado un informe de seguimiento de la emergencia, que debía ser elaborado por el CEE conforme al Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana. Este informe incluirá detalles sobre las comunicaciones realizadas el 29 de octubre para entender mejor las precipitaciones y el incremento en los niveles de los cauces.

Asimismo, se exige un informe sobre si, en el marco del Plan Especial, se notificó a todos los municipios afectados durante la declaración de emergencia del 29 de octubre, así como a los organismos involucrados. Se está pidiendo que se remitan los protocolos internos del CCE acerca de la periodicidad de las rondas informativas y los destinatarios que deben ser considerados, de acuerdo con las directrices del Plan de Inundaciones de la Generalitat.

Otro aspecto en el que se indaga incluye los requerimientos enviados a los Ayuntamientos para conformar los Cecopal, y si, en cumplimiento del Plan Especial, se definieron procedimientos de actuación específicos que permitan coordinar la información sobre la emergencia.

La juez también ha solicitado datos sobre las solicitudes de servicios realizadas por los Ayuntamientos, así como las llamadas ciudadanas al servicio de emergencias 112, con el fin de monitorear la preemergencia y la gestión de servicios durante la crisis.

Adicionalmente, se exige información sobre si se solicitó a la Agencia Estatal de Meteorología la actualización de predicciones meteorológicas a corto plazo para áreas específicas. Asimismo, se debe informar sobre la constitución de diferentes grupos, como el Comité Asesor y el Grupo de Gestión de Medios, el 29 de octubre de 2024, cumpliendo así con el Plan Especial de inundaciones.

Por último, el juzgado ha enviado otro oficio al Servicio de Extinción de Incendios Forestales de la AVSRE, pidiendo un informe que detalla los rescates llevados a cabo por los Bomberos Forestales de la Generalitat el 29 de octubre, insistiendo en la celeridad de la respuesta.