La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha dado un paso significativo al aceptar la participación de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) como acusación popular en la investigación de la devastadora dana que resultó en la pérdida de 228 vidas el 29 de octubre de 2024.

En el desarrollo de este caso, la magistrada ha requerido a Emergencias de la Generalitat Valenciana que proporcione la identidad de los responsables que estaban acreditados para redactar y verificar las alertas emitidas a la ciudadanía, así como información sobre la capacitación que habían recibido.

En las recientes decisiones judiciales, de las cuales se ha hecho eco el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza ha atendido diversas cuestiones planteadas por la acusación popular, que incluye al partido Ciudadanos. Esto llevó a un oficio dirigido a la Conselleria de Emergencias para que se identifique a quienes estaban a cargo de las comunicaciones de alertas en el día de la tragedia y se informe sobre el personal que estaba activo en ese momento.

En el análisis de las declaraciones recabadas hasta ahora, se ha podido establecer quiénes fueron los encargados de avisar a los ciudadanos aquella fatídica jornada, enfatizando la importancia de que el mensaje obtenido se transmitiera de manera clara y a través de canales que brindaran la suficiente autoridad, de modo que la población pudiera entender la gravedad de la situación.

La jueza destaca que la efectividad del mensaje no radicó simplemente en el medio empleado, sino en la forma en que se comunicó la alerta. Resalta que el mensaje emitido a las 20:11 invitaba a la población a estar atentos a futuros avisos, sugiriendo que la comunicación debería haberse realizado a través de distintas plataformas, incluyendo medios convencionales como radio, televisión y prensa escrita, para asegurar que todos estuvieran debidamente informados.

En un segundo auto, la magistrada desestimó una solicitud de prueba de la acusación particular relacionada con un informe anual de la presa de Forata, argumentando que la documentación ya existente en la causa es más que suficiente y que la incorporación de nueva información sería redundante, además de no contribuir a esclarecer las circunstancias de los fallecimientos.

En relación con este mismo asunto, la Guardia Civil está trabajando en la elaboración de una cronología detallada de los hechos, lo que la jueza considera como un paso importante para obtener claridad en este trágico evento.

El tercer auto de la jueza también desestimó un recurso interpuesto por la acusación popular que representaba a Acció Cultural del País Valencià, que buscaba obtener documentación de la Generalitat sobre los teléfonos móviles de los investigados, señalando que esto podría infringir el secreto de las comunicaciones, un derecho fundamental que solo puede ser vulnerado bajo circunstancias específicas.

Finalmente, en su cuarta resolución, la magistrada aprobó la inclusión de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) en calidad de acusación popular en el proceso, bajo la condición de que presenten una fianza de 6.000 euros dentro de un plazo de diez días hábiles.