VALÈNCIA, 27 de enero. El caso del asesinato del canónigo de la Catedral de València, que ha conmocionado a la sociedad, sigue su curso judicial. La Policía Nacional ha presentado evidencias que sitúan al único acusado, Miguel, en la escena del crimen durante la noche fatídica, lo que ha sido un punto clave en el desarrollo del juicio que se lleva a cabo en la Audiencia de València.

Según los informes presentados por los investigadores, el teléfono móvil de la víctima fue manipulado entre las 22:00 horas del 21 de enero y las 2:00 de la madrugada del día siguiente, justo cuando se presume que ocurrió el homicidio. Posteriormente, se observa que tanto el dispositivo de Alfonso, el canónigo asesinado, como el del acusado se movieron por las mismas áreas tras salir del domicilio.

Los expertos en homicidios que testificaron en la segunda sesión del juicio señalaron que la Fiscalía solicita una condena de 28 años de prisión para Miguel, por considerarlo autor de un asesinato cometido en complicidad con una persona aún no identificada. Además, enfrenta cargos de robo violento y fraude por el uso indebido de las tarjetas del fallecido. Por su parte, la defensa reconoce solo el delito de fraude, solicitando una pena mínima de un año.

A pesar de que no se pudo añadir los móviles a la misma antena debido a que pertenecen a diferentes compañías, se detalló que el acusado había llegado a València desde Torrent, accediendo hasta el domicilio del canónigo. Los informes sugieren que se encontraba en la cercanía del apartamento hasta aproximadamente las 23:30 horas, lo que refuerza la posibilidad de su implicación directa en el crimen.

A partir de esa hora, se registran movimientos de señal de los móviles en un radio de 200 metros alrededor de la vivienda hasta que a la 1:46 se establece nuevamente la ubicación del acusado en la calle Avellanas, donde permaneció hasta las 3:25, cuando ambos dispositivos telefónicos comenzaron a desplazarse por la zona.

Un correo enviado desde el móvil del canónigo a Cajamar sobre las 2:00, solicitando una recuperación de contraseña, sugiere que se estaban intentando realizar gestiones con las tarjetas de crédito de la víctima. La policía recuperó grabaciones de estas interacciones, donde se escucha la voz del acusado, lo que suma evidencia en su contra.

La defensa interrogó a un agente sobre la falta de conexión del móvil del acusado antes de las 4:00 horas, quien aclaró que esto no implica que no se encontrara en el lugar, sino que simplemente no había señal disponible. Sin embargo, se registró movimiento del dispositivo a las 3:43 horas, marcando el comienzo de sus desplazamientos.

Adicionalmente, los investigadores descartaron la posibilidad de que el acusado hubiera sido víctima de un robo de su móvil, ya que el dispositivo dejó de funcionar en España desde la noche del 23 y 24 de enero, lo que sugiere que pudo haberlo desechado. Las cámaras de seguridad del lugar no proporcionaron evidencia visual del acusado, ya que estaban inoperativas o habían borrado los registros.

En las declaraciones, la policía mencionó que habían intentado confirmar la supuesta conexión del acusado con un amigo colombiano, quien supuestamente le proporcionó las tarjetas y el móvil. Sin embargo, no se encontró evidencia de su existencia, lo que lleva a suponer que la defensa podría estar fabricando historias para desviar la atención.

Además, el testimonio del joven que llegó de Badajoz, que se hospedó en la casa del canónigo en la noche del crimen, ha complicado aún más la situación. Este joven, con discapacidad intelectual, relató la dinámica en la casa durante su estancia, destacando comportamientos inapropiados hacia el religioso, aunque asegura no haber visto al acusado.

A pesar de las múltiples versiones e intentos de confusión por parte de algunos testigos, la investigación sigue centrada en el acusado, al que se le atribuyen acciones que coinciden cada vez más con el desarrollo de los eventos que precedieron al asesinato de Alfonso.