VALÈNCIA, 29 de enero. La Diputación Permanente de Les Corts ha dado luz verde el día de hoy a cuatro decretos ley propuestos por el Consell, destacándose entre ellos el conocido como 'plan Simplifica 2'. Este plan, enfocado en combatir la hiperregulación, mejorar los procesos administrativos y asegurar la unidad del mercado, se someterá a la consideración de todos los grupos para modificarlo mediante enmiendas.

La iniciativa, que representa la segunda fase de la simplificación administrativa de la Generalitat, busca eliminar o modificar un total de 96 normativas y establece la premisa de que cada nueva regulación debe ir acompañada de la eliminación de normas redundantes. Este decreto tiene implicaciones directas en aspectos como los plazos para la concesión de licencias de construcción de viviendas y el reconocimiento del grado de dependencia.

De acuerdo con las declaraciones del Consell, esta propuesta se presenta como una respuesta urgente a la necesidad de reducir la burocracia desmedida y modernizar el funcionamiento de la administración pública. Junto con medidas del primer decreto en esta línea, se alcanzaría una cifra total de 149 normas afectadas.

Durante la discusión sobre el decreto, Ramón Abad del PSPV criticó el "oscurantismo y la corrupción" presente en esta normativa, señalando que representa una nueva amenaza para el urbanismo responsable y acusó al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de tratar de aprobar un "megadecreto" cuestionado incluso por la Abogacía de la Generalitat.

Isaura Navarro, de Compromís, también se manifestó en contra, calificando el decreto de "estafa". Afirmó que, lejos de su objetivo de simplificación, en realidad replicaba contenido previo que debería haber sido presentado con presupuestos adecuados. Navarro hizo hincapié en las críticas de la Abogacía y culpó a Vox de intentar apropiarse del debate sobre los efectos de los decretos ley.

En cambio, el representante de Vox, José Mª Llanos, apoyó el decreto como un compromiso de su partido para facilitar la investidura de Llorca, subrayando que simplificar la Administración no es ideológico, sino una cuestión de humanidad. Este sentimiento fue compartido por Mª Carmen Contelles del PP, quien argumentó que se trata de mejorar la eficacia administrativa.

El decreto fue convalidado con el respaldo del PP y Vox, mientras que los votos en contra provinieron del PSPV y Compromís. A pesar de las diferencias, se acordó tramitarlo como proyecto de ley con la participación de todos los grupos.

Por otro lado, un segundo decreto que regula las retribuciones de los empleados públicos también recibió el visto bueno, con el apoyo de PP, PSPV y Compromís, mientras Vox decidió abstenerse. Este decreto contempla un incremento salarial del 2.5% con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025, para alinear la normativa regional con la legislación estatal en materia salarial.

Desde el lado socialista, se defendió el aumento de sueldo a los funcionarios como una medida de justicia y responsabilidad institucional, al tiempo que criticaron la dichosa eliminación del tope de asesores que había sido criticado anteriormente por el PP en la oposición. Compromís, aunque apoyó el decreto, lamentó los impagos que afectan a los trabajadores de servicios públicos, quienes han protagonizado recientemente protestas.

El decreto sobre la reducción de la población de jabalíes, necesario para combatir el avance de la peste porcina africana, también fue convalidado, con el apoyo del PP y Vox, y la oposición de Compromís y el PSPV. A pesar de las críticas de la oposición, que consideró insuficiente la medida, el vicepresidente del área de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, defendió su urgencia como acto necesario para salvaguardar la salud pública.

Los críticos del decreto, como el PSPV y Compromís, manifestaron su descontento al considerar que no aborda adecuadamente el problema que enfrentan los ganaderos, tildando las medidas de "parche". En oposición a esto, el PP y Vox defendieron la medida como esencial y proporcional ante un riesgo sanitario evidente, abogando por el control de la sobrepoblación de jabalíes, reafirmando su compromiso con la caza como herramienta de gestión del medio ambiente.

Finalmente, la Diputación Permanente aprobó, con amplia mayoría menos la abstención de Compromís, la prórroga de tarifas reducidas en varios servicios públicos de transporte hasta el 30 de junio de 2026. Este decreto incluye la continuidad de la gratuidad del transporte hasta los 14 años y un descuento significativo para los jóvenes, así como la extensión de títulos gratuitos para residentes en zonas afectadas por catástrofes climáticas hasta finales de 2026.

Sin embargo, el PSPV advirtió sobre la "exclusión" de algunos municipios de las ayudas y expresó su preocupación por una cláusula que permitiría la eliminación de las tarifas en cualquier momento. A su vez, Compromís criticó el hecho de que los jóvenes deban pagar ahora el 50% del transporte público, alegando que durante su gestión era gratuito. Vox, por su parte, destacó la necesidad de esta medida dada la falta de atención por parte del Gobierno central, mientras el PP subrayó el esfuerzo de la Generalitat frente a la insuficiencia de recursos que afronta la Comunidad Valenciana.