VALÈNCIA 5 Dic. - En un reciente desarrollo que refleja la tensión política en la Comunidad Valenciana, la Mesa de Les Corts Valencianes ha tomado la decisión de personarse como parte en el proceso que se encuentra en curso ante el Tribunal Constitucional. Este procedimiento surge a raíz del recurso de inconstitucionalidad presentado por Compromís, que cuenta con el respaldo de cincuenta diputados del Congreso. El objetivo del recurso es cuestionar varios artículos de la ley de 'libertad educativa' impulsada por el gobierno del Partido Popular, liderado por Carlos Mazón.

El acuerdo fue adoptado el pasado martes 3 de diciembre, en una reunión de la Mesa, donde se autorizó a los servicios jurídicos de la cámara a actuar en nombre de Les Corts. Esta acción tiene como fin defender la constitucionalidad de la norma que ahora se encuentra bajo revisión. Este paso demuestra el firme compromiso de la institución con los principios que rigen la educación y la libertad de elección de las familias.

La presidenta del parlamento valenciano, Llanos Massó, ha salido en defensa de la normativa aprobada en junio pasado, subrayando que esta legislación refuerza un derecho fundamental recogido en la Constitución Española: la libertad de elección por parte de las familias en materia educativa. Massó destaca la importancia de esta ley como un avance en la autonomía de los padres para decidir el modelo educativo de sus hijos.

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso impulsado por Compromís. Este recurso no solo ha sido firmado por la citada coalición, sino que también ha encontrado apoyo en otros partidos como Sumar, Podemos, Bildu, ERC, Junts y BNG, quienes alegan que algunos aspectos de la Ley 1/2024 de la Generalitat atentan contra los derechos lingüísticos de los estudiantes, tal como están consagrados en el Estatuto de Autonomía y la propia Constitución Española.

La admisión del recurso fue comunicada en una providencia del Tribunal, fechada el 19 de noviembre, donde se especifican varios artículos y apartados de la ley que son objeto de impugnación. Entre estos se encuentran, por ejemplo, los artículos 3, 4, y 5, entre otros, que constituyen el núcleo de la controversia legal que se está arañando a nivel constitucional.

Además, el Tribunal ha decidido remitir la demanda así como los documentos pertinentes al Congreso de los Diputados y al Senado a través de sus presidentes, y al Gobierno por medio del ministro de Justicia. También se ha establecido un plazo de 15 días para que Les Corts Valencianes y el Consell presenten alegaciones respecto al proceso, enfatizando así la importancia de la participación de todas las partes involucradas en la defensa de la ley.

El recurso de inconstitucionalidad fue presentado el 25 de septiembre, lo que ha generado un amplio debate sobre la normativa en cuestión y su impacto en la educación en la Comunidad Valenciana. Con la participación de diferentes formaciones políticas en apoyo de Compromís, este asunto ha escalado a un plano de gran relevancia, donde se entrelazan derechos individuales y normativas educativas en el contexto español.