VALÈNCIA, 31 Jul. - La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha expresado su preocupación por la situación de financiación que enfrenta la Comunitat Valenciana, que sigue siendo la región de régimen común peor financiada en España. A pesar de las afirmaciones del Gobierno central de que el apoyo financiero es mayor que nunca, Merino sostiene que esta declaración es engañosa y ha calificado al actual Gabinete de Pedro Sánchez como un "Gobierno zombi" que no toma las riendas del asunto.

Merino enfatizó que los ingresos en cuestión son derechos legítimos de los valencianos, y no un favor que se les concede desde Madrid. Esta crítica surge tras la publicación de los datos definitivos sobre la financiación de las comunidades autónomas para el año 2023, los cuales muestran que cada ciudadano valenciano recibió una cantidad de solo 3.215 euros por habitante ajustado, colocándolos muy por debajo de otras comunidades autónomas.

Con la cifra actual, los valencianos se encuentran 1.098 euros por debajo de la comunidad que recibe mayor financiación, y 200 euros menos que la media del resto de las regiones que también operan bajo régimen común. Según Merino, este déficit en la distribución de recursos está perpetuando un modelo injusto que afecta a más de cinco millones de valencianos, una situación que ha persistido durante más de veinte años.

A lo largo de su declaración, la consellera calificó como "insultante" que el Gobierno presume de un apoyo financiero sin precedentes. Aunque las cifras globales reflejan un aumento en la financiación, asegura que la distribución de estos fondos sigue siendo tan desigual como en el pasado, lo que implica que las comunidades infrafinanciadas, como la Valenciana, continúan en desventaja.

A su juicio, una verdadera voluntad política por parte del Ejecutivo central debería traducirse en una reforma del sistema de financiación que garantice equidad y suficiencia para todas las comunidades autónomas. Merino destacó que el aumento de recursos se debe en parte al esfuerzo fiscal de regiones como la Comunitat Valenciana y a las políticas impulsadas por el Consell de Carlos Mazón.

Pese a ello, el diseño del actual sistema de distribución sigue causando problemas, limitando la capacidad de la Comunitat Valenciana para desarrollar su potencial. Este sistema, según Merino, castiga de forma sistemática a sus ciudadanos, que ven como su comunidad destina un alto porcentaje de sus ingresos a servicios públicos esenciales, superando el 86 % en comparación con una media del 81,6 % en otras comunidades con problemáticas similares, según estadísticas del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

Además, la consellera advirtió sobre las repercusiones negativas de esta situación en el desarrollo económico de la región, sugiriendo que la falta de financiación impacta de manera adversa en áreas clave como infraestructuras, empleo e innovación. Esto, a su vez, contribuye a que el PIB per cápita en la Comunitat Valenciana esté un 14 % por debajo de la media nacional, una brecha que ha ido creciendo desde el año 2000.

Ruth Merino subrayó que la insuficiencia de recursos ha conducido a un "déficit crónico", que ha llevado a la Comunitat a endeudarse de forma insostenible. La diferencia en la financiación, según el Ivie, representa el 41,7 % de la deuda acumulada, cifra que asciende al 80 % si se incluyen las insuficiencias de recursos de todas las comunidades autónomas existentes.

Esto coloca a la Comunitat Valenciana en la posición de ser la autonomía con la mayor deuda pública en relación con su PIB, superando el 40 % y alcanzando ya más de 60.000 millones de euros. Según Merino, esta situación dificulta el acceso a mercados financieros y obliga a la Comunitat a depender del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Ante este panorama, la consellera ha criticado la falta de acción del Gobierno de España, que no ha habilitado un FLA extraordinario para financiar el déficit proyectado para 2024. Esto ha llevado a la Generalitat a recurrir a un crédito de 1.816 millones para manejar sus problemas de liquidez y afrontar los pagos a proveedores de servicios esenciales.

Merino también lamentó la falta de avances en el diálogo con el Ministerio de Hacienda, al que acusa de no mostrar disposición para tratar la reforma del sistema de financiación. Aseguró que los estudios técnicos necesarios ya están completos, pero lo que falta es la voluntad política del Gobierno central, que considera inoperante, y de una ministra ausente en el debate crucial para el bienestar de millones de ciudadanos.

Asimismo, Merino indicó que la ministra de Hacienda ha elegido sustituir el importante debate sobre la Política Fiscal y Financiera, que normalmente se lleva a cabo en julio, por un video de promoción que no aborda las reales necesidades de financiación. Esto, aseveró, es una muestra más de la falta de compromiso institucional de este Gobierno con las regiones españolas.