La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado la importancia del nuevo decreto que regulará la creación de instituciones de educación superior en España, afirmando que se trata de una de las prioridades del Gobierno. Morant espera que este decreto sea presentado ante el Consejo de Ministros antes de que finalice septiembre.

Durante una reciente entrevista con Europa Press, Morant ha proporcionado detalles sobre el estado actual de la tramitación de este decreto, el cual establece criterios más estrictos para la creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios en el país, y que está a un paso de ser aprobado por el Consejo de Ministros.

La ministra ha subrayado que la intención detrás de esta norma es frenar el crecimiento desmedido de universidades privadas en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. A modo de ejemplo, Morant ha señalado la situación en Madrid, donde existen seis universidades públicas frente a trece privadas, lo que, a su juicio, está perjudicando la matriculación en las instituciones públicas.

Ante esta situación, Morant ha reiterado que la aprobación del decreto es fundamental para su departamento y que solo se espera la respuesta del Consejo de Estado antes de su presentación. Aseguró que, tras las vacaciones de verano, este será un tema prioritario en el próximo Consejo de Ministros, anticipando que no se retrasará más allá de septiembre.

En paralelo, la ministra también ha abordado el llamado “Estatuto del Becario”, que, según su perspectiva, debería ser denominado de otra manera, argumentando que se refiere al personal en formación y no al trabajo laboral convencional. Resaltó que los estudiantes de formación, ya sea en universidades o institutos de Formación Profesional, deben tener garantizados sus derechos cuando realizan prácticas en empresas o centros públicos.

Morant ha señalado que se han establecido límites claros para estas prácticas, para que no se consideren como una sustitución de personal, y que deben ser remuneradas de manera que al menos cubran los gastos de transporte y alimentación de los estudiantes. Además, enfatizó que no pueden llevarse a cabo en horarios que no cuenten como formación adecuada.

El objetivo de estas regulaciones es evitar el uso indebido y potencialmente fraudulento de las prácticas formativas, garantizando así que los estudiantes no sean explotados en su camino hacia la obtención de sus títulos. “Estamos comprometidos a proteger los derechos de los estudiantes y exigiendo a la sociedad y las empresas que respeten sus derechos”, concluyó Morant.