VALÈNCIA, 22 de julio. Una madre enfrenta un grave panorama legal tras ser acusada de intentar incendiar a su hija de tan solo cuatro meses. Su defensa sostiene que no existió intención de hacerle daño, argumentando que el acto se produjo bajo la influencia del alcohol y medicación.

La acusada relató durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Valencia que había estado lidiando con problemas personales, y que el siniestro fue un grito de ayuda tras sentirse sola. “No controlé mis acciones; todo se salió de mis manos”, expuso en sus declaraciones.

Este martes, la Fiscalía presentó el caso, solicitando una pena de 25 años de prisión por intento de asesinato, considerando agravantes y atenuantes en la situación. Los hechos tuvieron lugar el 8 de enero de 2022 en el hogar de la acusada en Massamagrell, donde presuntamente intentó prender fuego a un juguete y lo colocó cerca de la cuna de la bebé.

Según la acusación, la madre intentó acabar con la vida de su hija al encender un peluche después de haber estado bebiendo y medicándose. Su hermano, al darse cuenta de la situación, logró rescatar a la pequeña, quien sufrió una leve quemadura en una mano.

La madre insiste en que su hija, concebida mediante fecundación in vitro, era muy deseada. Sin embargo, su vida dio un giro dramático cuando se le diagnosticó cáncer durante su embarazo. Tras mudarse para cuidar a su madre enferma, la mujer comenzó a lidiar con problemas familiares y la presión del cuidado, que la llevaron a un estado emocional crítico.

En su testimonio, la mujer confesó que aquella tarde tuvo una fuerte discusión con su hermano y decidió consumir alcohol junto con una sobredosis de Diazepan, lo que la llevó a un estado de desesperación y mala salud mental. “No tenía ganas de vivir”, admitió.

Su testimonio sugiere que el incendio fue un accidente amplificado por su estado de salud y sus emociones desbordadas; ella niega haber tenido la intención de lastimar a su hija y se muestra incapaz de recordar los momentos críticos del incidente. “Lo único que recuerdo es que mi hermano entró y la sacó a tiempo”, aseguró.

Al despertar en el hospital, la mujer descubrió las consecuencias de sus actos y recibió un diagnóstico de trastorno psíquico, que la ha mantenido en tratamiento por más de un año. Reconoce que inicialmente subestimó la necesidad de ayuda profesional y ahora se muestra más consciente de su salud mental.

Además, ha cumplido con el pago de 950 euros al padre de la menor en concepto de responsabilidad civil. A medida que avanza el juicio, la mujer enfrenta el peso del sistema judicial mientras lucha por entender su propia historia y las decisiones que la llevaron hasta este punto.