En un giro polémico en el municipio de Moncada, la oposición, compuesta por el PP, Ciudadanos y Vox, ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para gestionar el comportamiento del concejal de Seguridad Ciudadana, Martín Pérez Aranda, del PSOE. Este hecho ha surgido tras un incidente ocurrido durante las celebraciones patronales, donde el edil estuvo involucrado en un altercado que incluyó insultos dirigidos hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los partidos opositores han presentado formalmente la petición, argumentando que el comportamiento del concejal, apodado entre sus detractores como el "concejal karateca", es inaceptable para alguien que ocupa un cargo en la administración local. Según el relato de los hechos, la situación se descontroló en la madrugada del 7 de septiembre, cuando, desde el escenario de las festividades, Pérez realizó una llamativa patada voladora, lo que ha sido considerado como un acto violento y provocador.

Las grabaciones del incidente han servido de base para la oposición, que afirma haber documentado una “supuesta agresión”, donde se pueden observar gestos inapropiados y acciones que incluyeron una patada a jóvenes que se encontraban en primera fila. Esta situación no solo cuestiona la conducta del concejal, sino que también resalta la gravedad institucional de su actitud, dado que es el responsable de la seguridad en la localidad.

En la propuesta de orden del día para el pleno, se contempla una serie de medidas, entre las que se incluye la reprobación de Martín Pérez, la exigencia de su dimisión de todos sus cargos y la retirada de sus delegaciones relacionadas con las fiestas y la seguridad. Además, se solicita su destitución como jefe de la Agrupación de Protección Civil y se plantea dar a conocer la reprimenda a la asociación autonómica correspondiente.

Entre las acciones sugeridas, el documento también insta a informar a la Fiscalía sobre las irregularidades acontecidas, así como a la Policía Local y, si es necesario, a la Guardia Civil, para que se proporcionen los informes pertinentes y el registro de eventos de la madrugada en cuestión. También se propone la formación de una comisión de seguimiento que debe operar durante 60 días.

La petición se fundamenta en el artículo 46.2.a de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Locales, y subraya que el pleno no puede demorarse más de 15 días hábiles desde la solicitud. Si el alcalde no convoca la sesión en ese plazo, se considera automáticamente convocada para el décimo día hábil siguiente, con la debida notificación de Secretaría al día siguiente.

Finalmente, el documento incluye una “advertencia expresa” que estipula que ningún tema relacionado podrá ser incluido en el orden del día de otro pleno ordinario o extraordinario que tenga un carácter más amplio, a menos que cuente con la autorización de los solicitantes, lo que subraya la seriedad con que la oposición aborda la situación.