En el marco del escándalo por la compra de mascarillas durante la pandemia, la Fiscalía Anticorrupción y el Partido Popular han solicitado al Tribunal Supremo que el exministro José Luis Ábalos permanezca en prisión provisional. Esta petición se produce a medida que se acerca la fecha del juicio, donde se abordarán las presuntas irregularidades de las que se le acusa.

Fuentes jurídico-legales han comunicado a medios locales que esta solicitud fue planteada durante la audiencia que se llevó a cabo el pasado jueves, destinada a revisar el recurso presentado por Ábalos. En dicho encuentro, las partes involucradas expusieron sus respectivos argumentos ante el tribunal.

Ábalos, quien se encuentra en prisión desde el 27 de noviembre, decidió apelar la decisión del juez Leopoldo Puente, quien dictó la prisión provisional sin fianza al considerar un "riesgo extremo" de fuga por parte del exministro.

En esta instancia judicial, el exministro ha sido defendido por un nuevo abogado, Marino Turiel, después de que su anterior letrado, Carlos Bautista, abandonara la defensa debido a "diferencias contractuales". El juez había solicitado que Bautista asistiera a la audiencia, a menos que este pidiera que se cancelara.

En su apelación, a la que tuvo acceso un medio informativo, Ábalos ha denunciado que el juez actuó de manera "irrazonable", al encarcelarle basándose en "vaguedades y excusas procesales" en lugar de hechos concretos.

La defensa de Ábalos ha argumentado ante la Sala de lo Penal que no hay justificación para mantenerlo en prisión, aduciendo que no existen fundamentos que respalden el riesgo de fuga. Además, sostienen que la medida cautelar parece tener el único propósito de inducir un testimonio colaborativo similar al del empresario Víctor de Aldama, quien también está implicado en el caso.

El abogado del exministro ha declarado que el juez no valoró adecuadamente los "vínculos laborales, familiares y sociales" de Ábalos, resaltando que este tiene a su cargo a un hijo menor durante los fines de semana y que reside permanentemente en España, algo que es ampliamente conocido.

La Fiscalía ha solicitado penas severas, pidiendo 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para el empresario Koldo, y 7 años para Aldama. En paralelo, las acusaciones populares encabezadas por el PP exigen una condena de hasta 30 años para el exministro y su asesor, mientras que para Aldama demandan la misma pena que la Fiscalía.