ALICANTE, 25 de septiembre.

El Ayuntamiento de Alicante, en una sesión plenaria, ha dado luz verde inicial a la modificación de la ordenanza del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), gracias a los votos favorables del Partido Popular (PP) y Vox. Ambos partidos han argumentado que este cambio favorecerá a los ciudadanos con una reducción estimada de 1,1 millones de euros para el año 2026, incluyendo varias bonificaciones.

En contraste, los representantes de PSPV, Compromís y EU-Podem han mostrado su desacuerdo con la iniciativa. Los socialistas han criticado que la medida solo reportará un ahorro promedio de tres euros anuales por hogar y que, por otro lado, representa un agujero financiero de un millón de euros para el municipio. Las otras dos formaciones han calificado dicha modificación de "gran estafa" y “injusta”, respectivamente.

Nayma Beldjilali, concejala de Hacienda del PP, ha defendido que la enmienda a la regulación del IBI implica una disminución fiscal de 1,1 millones de euros para 2026, a lo que se suma una reducción del cinco por ciento aplicada en 2019.

De acuerdo con la edil, un total de 336,409 propiedades, tanto residenciales como comerciales, se beneficiarán de esta rebaja. Beldjilali ha especificado que se implementarán bonificaciones para viviendas de protección oficial (VPO), que recibirán un 50% de descuento en los primeros tres años y un 25% en los siguientes dos.

Asimismo, se beneficiarán jóvenes de hasta 35 años con un 50% de reducción durante cinco años en la compra de VPO; familias numerosas, que podrán recibir hasta un 90% de reducción en el IBI según el valor catastral de su vivienda y el número de hijos empadronados; y los hogares que utilicen energía solar, que podrán disfrutar de un 50% de desgravación en su cuota.

El pago del impuesto se podrá realizar entre el 15 de marzo y el 30 de junio de cada año, y los contribuyentes tendrán la opción de dividir el montante a pagar en hasta seis cuotas.

Beldjilali ha puesto énfasis en que esta medida aligera la carga del IBI para los ciudadanos, especialmente tras la nueva tasa de residuos impulsada por el Gobierno central. "El dinero de los alicantinos debe ir al bolsillo de los alicantinos", reiteró la concejala en su discurso.

Mario Ortolá, edil de Vox, ha elogiado al equipo de gobierno del PP por su "habilidad" en la negociación de esta rebaja del IBI, aunque reconoció que los populares han tenido que ceder en el acuerdo del plan económico-financiero aprobado con el apoyo de Vox.

"Vox se compromete a apoyar y fomentar toda rebaja fiscal dentro de las competencias municipales. Es lamentable que el señor Sánchez no haya hecho lo mismo con la tasa de residuos", declaró Ortolá.

CRÍTICAS A BARCALA

Desde la oposición, la edil socialista Silvia Castell ha criticado al alcalde Luis Barcala (PP) por ignorar las propuestas del PSPV en torno al derecho a una vivienda digna.

Castell se ha pronunciado a favor de ampliar la reducción del IBI para las VPO dirigidas a familias, especialmente a los jóvenes, quienes, según ella, se ven obligados a abandonar Alicante debido a la falta de apoyo del primer edil.

La concejala socialista también sugirió que los grandes propietarios de más de diez viviendas vacías deberían pagar un 30% más de IBI, dado que hay más de 15,000 viviendas desocupadas en la ciudad, donde el alquiler medio supera los 1,100 euros.

Ella acusó a Barcala de favorecer a inversores y grandes propietarios en lugar de respaldar a las familias y a los jóvenes. Además, afirmó que el ahorro propuesto sería de solo tres euros al año y que generaría un déficit de un millón de euros en las cuentas municipales, mientras que Vox desea que el déficit ascienda a nueve millones.

“Si no sabe o no quiere asumir su rol como alcalde, debería renunciar”, afirmó Castell, añadiendo que Barcala se está comportando de manera "trumpista" al evitar el debate y centrarse en ataques constantes.

Por otro lado, Rafa Mas, portavoz de Compromís, sugirió que sería más justo reducir el IBI a quienes menos tienen y aumentar la carga impositiva a aquellos con mayores recursos, incluyendo a los grandes tenedores de vivienda para que alquilen sus propiedades.

Mas calificó la situación de "gran estafa" y censuró tanto la nueva tasa de residuos como la supuesta expulsión de ancianos de centros sociales, mientras el Ayuntamiento crea "chiringuitos de Vox" con propuestas polémicas y iniciativas que carecen de efectividad.

Las críticas también fueron respaldadas por Castell y Copé, quienes lamentaron la asignación de casi 390,000 euros a una Oficina de Atención a la Maternidad, un proyecto acordado entre PP y Vox que se inaugurará en noviembre de 2024.

ENMIENDAS

Manolo Copé, portavoz de EU-Podem, expresó su desacuerdo al señalar que PP y Vox rechazaron un total de 19 enmiendas de su grupo. Aseguró que la discusión no se trataba solo de aspectos técnicos, sino que detrás de estas decisiones hay una política que busca mantener una reducción un tanto arbitraria que no considera las diferencias entre los ciudadanos.

Copé argumentó que sus propuestas estaban diseñadas para apoyar a las familias más necesitadas, sancionar a los grandes propietarios que mantienen viviendas vacías y fomentar la eficiencia ecológica y el alquiler asequible.

En respuesta a las enmiendas, Ortolá explicó que fueron desestimadas por presentar deficiencias y porque no cumplían con los criterios establecidos. Antes de la votación en el pleno, PP y Vox también desestimaron otras enmiendas propuestas por el grupo socialista.