En el reciente Debate de Política General celebrado en Les Corts, el Partido Popular (PP) demostró una clara falta de apoyo hacia Vox en asuntos críticos como la inmigración y la derogación de leyes relacionadas con la igualdad, la vivienda y otros aspectos que consideran ideológicos. A pesar de la colaboración habitual entre ambas formaciones, estas decisiones han dejado en evidencia las diferencias entre sus agendas políticas.

El PP y Vox se opusieron conjuntamente a una resolución presentada por Compromís, que pedía al Consell que colaborara con la jueza que investiga la gestión de la dana en Catarroja, Valencia. Esta propuesta incluía la solicitud de que el actual 'president', Carlos Mazón, se presentara a declarar voluntariamente, algo que ambos partidos no respaldaron, lo que generó tensiones entre los grupos parlamentarios.

Tras una intensa jornada de casi 12 horas de debate, las posturas del PP y Vox fueron muy claras. Mientras que el PSPV y Compromís abrieron el debate con consignas sobre la situación en Palestina, las intervenciones del PP llevaron a cabo una defensa contundente de su postura, dejando a los socialistas en una situación complicada tras rechazar diversas iniciativas que pedían respeto y justicia para las víctimas de la dana.

El diputado del PP, José Juan Zaplana, se dirigió a Compromís cuestionando por qué no exigen la declaración del presidente Pedro Sánchez en varios casos que lo involucran, mientras acusaba a sus oponentes de manipulación. Ante esto, el tono de la discusión se tornó cada vez más vehemente, mostrando la tensión que existe entre los diferentes grupos políticos presentes en Les Corts.

En relación a la gestión de emergencias y la recuperación tras la dana, el PP no solo presentó propuestas para mejorar la comunicación y los protocolos con la Confederación Hidrográfica del Júcar, sino que también se unió a algunas de las iniciativas de Vox para acelerar la recuperación económica y la limpieza de áreas afectadas por las inundaciones.

Sin embargo, el desacuerdo más significativo se dio en el ámbito de la inmigración, donde Vox presentó medidas enérgicas para enfrentar lo que consideran una crisis de "inmigración ilegal". El PP, en esta ocasión, se desmarcó de las propuestas de Vox, generando una clara división entre ellos y dejando a Vox aislado en este tema. Esta decisión ilustra la complejidad de los temas que enfrenta España en la actualidad.

Vox también intentó suprimir diversas leyes de género e igualdad en la Comunitat Valenciana, así como eliminar ciertas direcciones generales que consideran ideológicas, pero esta iniciativa fue rechazada sin contemplaciones, mostrando una vez más la falta de consenso en temas de gran relevancia cultural y social.

Otro aspecto en el que el PP apoyó a Vox fue en la creación de un periodo mínimo de residencia legal como requisito previo para la solicitud de ayudas públicas relacionadas con el empleo, destacando una postura orientada a priorizar el bienestar de los ciudadanos españoles en lugar de otras consideraciones.

En cuanto al valenciano, ambos partidos trabajaron de la mano para actualizar la legislación y asegurar que se reflejara la realidad lingüística de la región, abogando por una representación auténtica de la identidad valenciana. Esto contrasta con las propuestas de Compromís y PSPV que fueron rechazadas, mostrando una clara discrepancia en visiones sobre cómo avanzar en temas linguísticos y educativos.

Finalmente, en el terreno educativo, las iniciativas de Compromís para recuperar proyectos previamente aprobados en materia educativa encontraron una firme oposición por parte del PP y Vox, revelando otra lacuna en la colaboración interpartidaria y subrayando la polarización política actual en la Comunitat Valenciana.

En sumario, el desarrollo del debate dejó claro que, aunque el PP y Vox suelen estar alineados en muchas áreas, la inmigración y las cuestiones sociales han logrado dividir a estos dos partidos en un contexto político donde las tensiones y las discrepancias parecen ir en aumento.