Crónica Valencia.

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"PPCV exige a Bravo que asuma responsabilidad por el derroche y desorden en la SGISE"

El Partido Popular (PPCV) ha exigido a la exconsellera de Justicia y actual vicepresidenta segunda de Les Corts, Gabriela Bravo, que asuma "sus responsabilidades" por el "despilfarro" y "descontrol" en la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE) al intentar "colar 1.800 nuevos empleos públicos en vísperas de las elecciones del 28M".

Así lo ha manifestado la portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Laura Chulià, quien ha señalado que "este es otro caso más de los que han llevado a poner en marcha una Comisión de investigación en Les Corts sobre las irregularidades del sector público instrumental de la Generalitat entre 2016 y 2023".

En relación a la SGISE, ha destacado que, "según el informe de la Dirección General de Presupuestos, durante el año 2021 se certificaron 1,076 perceptores de retribuciones pero solo se abonaron retribuciones a 922 perceptores, lo cual constituye otra irregularidad". "El actual Consell tiene como objetivo arrojar luz sobre este asunto tan turbio", ha afirmado Chulià, según ha informado el partido en un comunicado.

"La gestión del personal ha sido completamente ineficiente, especialmente en la tramitación de altas y bajas, donde se pagaban indemnizaciones por despido a empleados que eran contratados inmediatamente después de recibir dichas indemnizaciones", ha criticado.

Chulià ha subrayado que en el área de contratación "se observa que la gestión no cumple con la normativa aplicable y se detectan incumplimientos, como el alto riesgo de incurrir en división indebida de contratos".

La diputada del PP ha enfatizado que "el PSPV no puede seguir escondido en sus luchas internas, deben dar la cara y explicar este descontrol en el gasto público". "En este caso, la persona que ostentaba el cargo de Consellera de Emergencias debe demostrar, una vez más, su pésima gestión al frente del mismo", ha señalado.

La portavoz adjunta del GPP ha destacado que "el President de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció la realización de una auditoría después de descubrir que, en los últimos cuatro años del Botànic, se adjudicaron de forma discrecional 253.122 contratos por un valor de 713 millones de euros".

"Solo cuatro empresas de las 54 entidades que conforman el Sector Público Instrumental han recibido una valoración positiva por parte de los auditores y de la intervención de la Generalitat", ha concluido.