Pradas admite haber elaborado el documento presentado por Suárez y considera superflua la prueba caligráfica.
VALÈNCIA, 27 de marzo - La situación se complica para la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, quien se encuentra bajo investigación en relación a la gestión de la dana. Pradas ha admitido ser la autora de un documento manuscrito presentado por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, lo que según ella hace innecesaria la prueba caligráfica que la jueza de Catarroja había propuesto realizar.
En un recurso consultado por Europa Press, Pradas argumenta que no se requiere llevar a cabo esta prueba, ya que ha reconocido la autoría del texto en cuestión. Este documento, relacionado con la crisis generada por la dana, incluye observaciones sobre la situación de emergencia, destacando la importancia de evitar desplazamientos y la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en varias comarcas.
El equipo de Pradas destaca que su consentimiento en cuanto a la autenticidad de las notas es un gesto de colaboración con la investigación. Incluso afirman que Suárez retiró el documento del Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) a las 19:45 del 29 de octubre de 2024 para facilitar la notificación del sistema de alerta a la población, que finalmente fue emitida a las 20:11 horas.
Sus defensores subrayan que este reconocimiento de autoría ya demuestra que toda la información contenida en el texto fue aprobada antes de ser enviada, asegurando que desde ese momento, la decisión de emitir el alerta estaba en marcha. Pradas sostiene que su admisión debería considerar innecesarias las acciones legales inicialmente planteadas por la jueza.
El escrito presentado por su representación legal indica que no hay conflicto alguno sobre la autoría del documento, ya que Pradas confirmó que lo redactó personalmente. Por lo tanto, argumentan que no tendría sentido realizar una pericia caligráfica cuando la autora está claramente identificada.
La defensa también hace referencia a cómo la realización de esta prueba sería un desperdicio de recursos públicos, aludiendo al artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dado que se ha producido un reconocimiento expreso de la autoría, cualquier intento de validar el documento a través de una pericia carece de fundamento.
Finalmente, Pradas ha solicitado formalmente al tribunal que acepte su recurso, reconozca su autoría y anule la citación establecida para la práctica de la prueba de escritura, ya que esta acción carece de justificación dada la admisión de las propias partes involucradas en el caso.