VALÈNCIA, 31 de octubre. En un reciente encuentro con los medios de comunicación, José Manuel Ortega, el nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, abordó las crecientes críticas dirigidas hacia la jueza que investiga la devastadora dana ocurrida el 29 de octubre de 2024, resultado de la cual se reportaron 229 víctimas fatales. Ortega calificó la crítica como "legítima", aunque advirtió que en ocasiones puede tener la intención de generar desequilibrios en la figura del juez.

El presidente de la Audiencia hizo estas declaraciones durante un desayuno informativo. Se debe destacar que Ortega es parte del tribunal encargado de resolver los recursos contra las decisiones de la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, quien está al frente del caso. En su intervención, subrayó que los ataques a quienes manejan casos con alta visibilidad mediática no son infrecuentes, reflejando un fenómeno habitual en este tipo de situaciones.

Ortega explicó que si bien las críticas pueden ser justas, su fundamento depende de los argumentos presentados. Lamentó que en ocasiones estas críticas parece que no buscan simplemente hacer un llamado de atención legítimo, sino más bien perturbar el trabajo del juez, lo que a su juicio no es efectivo.

El presidente también señaló que, en caso de enfrentarse a ataques injustificados, los jueces tienen el recurso de solicitar protección al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el cual sirve como un mecanismo de defensa. Ortega subrayó que la vulnerabilidad de los jueces en tales circunstancias puede ser considerable, dado que su labor es seguir la ley sin poder responder a las críticas.

Respecto a las quejas presentadas ante el CGPJ contra la jueza de la dana, Ortega destacó que estas no necesariamente conllevan un expediente disciplinario y que su estado es incierto. Manifestó que no se pronunciaría sobre el contenido de estas quejas, ya que desconocía su situación exacta.

Cuando le preguntaron por la ausencia de un comunicado de apoyo de la Junta de Jueces hacia la instructora, Ortega señaló que aunque las juntas pueden decidir emitir estos comunicados, no es obligatorio para ellas. Aclaró que la falta de un comunicado no implica falta de apoyo, sino que podría ser que simplemente consideran que no es parte de su competencia.

Respecto a la decisión de trasladar de nuevo la operación del caso a Catarroja, Ortega justificó que la jueza fue trasladada a Valencia de manera excepcional debido a los daños causados por la riada, pero ahora que la situación se ha normalizado, es lógico que vuelva a su lugar de trabajo habitual.

Sobre la gestión de las expectativas de la población en torno al caso de la dana y la exigencia de condenas, Ortega insistió que tales expectativas no deben influir en el trabajo del tribunal, el cual debe operar con independencia. Aseguró que las condiciones están dadas para que los jueces cumplan con su deber sin presiones externas.

En lo que respecta a la investigación de personas aforadas, Ortega recordó que la jurisprudencia establece los límites claros en estos casos. Reiteró que el Tribunal Supremo ha establecido que, para imputar a un aforado, se requieren indicios sólidos que sugieran la existencia de un delito, evitando así la mera apertura de procedimientos penales sin fundamentos suficientes.

Finalmente, Ortega explicó que los recursos interpuestos contra la jueza de la dana se decidirán en pleno, puesto que la significancia pública del caso requiere que todos los magistrados participen para asegurar la mayor calidad en las decisiones del tribunal. Rechazó cualquier insinuación de politización dentro de los órganos de justicia, afirmando que, aunque se pueden tener opiniones diversas, los jueces cumplen con su deber.

Asimismo, Ortega destacó que la diversidad en el origen y formación de los jueces es un hecho en los tribunales y enfatizó que los ciudadanos deben demandar decisiones bien fundamentadas como la mejor garantía en los procesos judiciales.