El pasado 21 de noviembre, la sala de justicia de Catarroja fue el escenario en el que el propietario del restaurante El Ventorro se presentó para ofrecer su testimonio sobre la gestión de la riada que afectó a la región. Este local fue el lugar donde el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compartió una comida con la periodista Maribel Vilaplana el 29 de octubre de 2024.

El dueño del restaurante llegó a los juzgados a primera hora de la mañana, a las 9:15, coincidiendo con la citación en el marco de la investigación de la dana. A las 11:30, también estaba convocado Juanfran Pérez Llorca, síndic del PP en Les Corts y candidato para liderar la Generalitat, quien necesita dar su versión sobre los sucesos acaecidos durante la emergencia.

Esta comparecencia se programó tras la decisión judicial de llamar a declarar a ambos testigos, así como a varios asesores cercanos a Mazón. Esta iniciativa fue impulsada por las acusaciones populares que incluyen a representantes del PSPV-PSOE y de Ciudadanos, y se llevó a cabo para esclarecer posibles responsabilidades relacionadas con la crisis.

La magistrada encargada del caso ha indicado que el propietario de El Ventorro tuvo un acceso exclusivo al reservado donde se encontraban Mazón y Vilaplana, lo que plantea la posibilidad de que hubiera escuchado alguna conversación relevante. Su testimonio podría arrojar luz sobre las comunicaciones de Mazón con otros miembros del gobierno durante la situación de crisis.

Por su parte, la citación de Pérez Llorca se sustenta en una serie de llamadas que este realizó el día del desastre a Salomé Pradas, la entonces consellera de Justicia e Interior, quien está también bajo investigación. La magistrada ha señalado la importancia de estas comunicaciones para entender el contexto de las decisiones tomadas en ese crítico día.

Esas comunicaciones incluyen varias llamadas breves entre Pérez Llorca y Pradas que, según la jueza, podrían ayudar a esclarecer las circunstancias del manejo de la emergencia. La magistrada subraya que Pradas y el síndic tenían una relación cercana, hasta el punto de que la contactó con un nombre tan familiar como "Juan Fran Mazón".

En este sentido, la magistrada considera esencial analizar los intercambios telefónicos y la toma de decisiones que se llevaron a cabo en el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) el 29 de octubre de 2024. Esto permitiría comprender cómo se gestionó la alerta a la población y los efectos que tuvieron las decisiones (o la falta de ellas) en los daños sufridos durante la riada.

La jueza enfatiza que las llamadas realizadas tienen relevancia no solo por el contenido exclusivo de cada una de las comunicaciones, sino también por el impacto que la falta de información podría haber tenido en las decisiones que, si hubieran sido tomadas a tiempo, podrían haber mitigado el daño causado por la riada. Esta faceta del caso se enmarca dentro de la responsabilidad que recae sobre la máxima autoridad de la Generalitat Valenciana, según las determinaciones legales que regulan su función en casos de emergencia.