El Partido Popular (PP) ha decidido no sucumbir a la presión para permitir que se tome decisiones sobre la gestión de los menores migrantes desde instancias ajenas, descalificando así la propuesta presentada por el Gobierno en cuanto a su distribución entre las comunidades autónomas.

Este pronunciamiento se produce en medio de la controversia generada por la votación del Consell, donde la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha manifestado su oposición al decreto del Ejecutivo nacional. Esta postura ha sido criticada por los partidos de izquierda, PSPV y Compromís, quienes han calificado de “racista” la posición del Consell frente a la acogida de menores.

José Muñoz, síndic del PSPV, ha argumentado que acoger a estos menores es “una obligación moral” y ha realizado una comparación con la gestión del anterior gobierno del Botànic, que recibió a los migrantes del barco Aquarius. Según él, la actual postura del Consell responde a la necesidad del presidente Carlos Mazón de contar con el respaldo de Vox en un contexto de debilidad parlamentaria.

Por su parte, Joan Baldoví, síndic de Compromís, ha condenado la decisión del PP, señalando una falta de dignidad en su oposición al Gobierno al votar en contra del reparto de menores en comunidades donde tienen poder. Ha expresado su indignación por la contradicción entre las declaraciones de los populares y su actuar político.

En contraste, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha defendido la decisión del Consell, afirmando que la negativa a la acogida de menores migrantes responde a la correcta posición adoptada por su grupo. Según Llanos, la declaración de Camarero es coherente con las demandas de Vox en relación a los presupuestos regionales.

Llanos también ha criticado el esquema propuesto por el Gobierno, considerándolo desequilibrado y como un intento de ceder ante el chantaje de movimientos secesionistas. Desde el PP, la portavoz adjunta, Laura Chulià, ha subrayado la insostenible situación de los centros de acogida en Valencia, que ya operan a más del 160% de su capacidad, y ha señalado la falta de recursos por parte del Gobierno central para gestionar esta problemática.