ALICANTE, 30 de enero.

En el Ayuntamiento de Alicante, los partidos políticos PSPV y Compromís han coincidido en que la dimisión de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, no resuelve la controversia que rodea el proceso de adjudicación de viviendas de protección pública en Playa de San Juan. Ambos grupos han reclamado más claridad sobre la situación y han manifestado su intención de investigar a fondo los hechos.

Ana Barceló, portavoz del Grupo Socialista, utilizó sus redes sociales para expresar que la renuncia de Gómez no oculta la falta de transparencia en la gestión de terrenos públicos. Además, llamó a la responsabilidad del alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien, según Barceló, debe ofrecer una explicación detallada sobre el manejo de esta situación.

La dirigente socialista afirmó que las dimisiones de Gómez, así como la de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, evidencian un serio problema en la administración de la promoción de viviendas públicas, un asunto que, según ella, ha trascendido más allá de la mera denuncia mediática.

Barceló enfatizó que su grupo político continuará exigiendo información completa para aclarar el caso, buscar responsabilidades políticas y asegurar que incidentes como este no se repitan en el futuro. "La responsabilidad principal recae sobre el alcalde, quien debe explicar por qué no implementó los controles necesarios en un área tan crítica como la vivienda protegida", subrayó.

Por su parte, Rafa Mas, portavoz del Grupo Municipal Compromís, hizo énfasis en que la dimisión de Gómez implica un reconocimiento implícito de la supuesta prevaricación. Consideró inadecuada su dimisión y insistió en que debe aclarar públicamente los pormenores de la gestión de las viviendas de protección oficial, un tema que ha generado gran preocupación en la ciudadanía.

Mas añadió que Gómez fue la máxima responsable del área implicada y advirtió que su grupo se compromete a investigar a fondo las bases de la adjudicación para anularlas y devolver las viviendas a quienes realmente les corresponden.

La dimisión de Rocío Gómez se produjo el viernes, en medio de la controversia respecto a la adjudicación de viviendas de protección pública en Playa de San Juan. La concejala argumentó que su decisión busca permitir que las investigaciones continúen sin interferencias, especialmente porque actualmente está de baja por maternidad.

Este es el segundo caso de renuncia vinculado a este asunto, pues también se ha hecho pública la dimisión de María Pérez-Hickman, quien ocupaba un cargo relevante en el consistorio alicantino.

Las dimisiones han tomado protagonismo en el debate político durante el pleno de enero, tras revelaciones periodísticas que indican que Gómez, los hijos de Pérez-Hickman y un arquitecto municipal adquirieron varias de las viviendas en cuestión.

El alcalde, Luis Barcala, realizó este mismo día un llamamiento para modificar las normativas de acceso a viviendas sociales y expresó su confianza en que tanto la Generalitat como el Gobierno de España apoyen esta propuesta. Además, se comprometió a investigar y depurar responsabilidades sin importar las consecuencias, subrayando que "caiga quien caiga".