Crónica Valencia.

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Rus vuelve a juicio por Imelsa.

Rus vuelve a juicio por Imelsa.

El expresidente de la Diputación y del PP de Valencia, Alfonso Rus, será juzgado junto a otras siete personas por una pieza más de la macrocausa de Imelsa relacionada con presuntas irregularidades en el servicio de 'Call center'. La vista comenzará el martes 25 de abril y está previsto que dure hasta el 5 de junio, con 19 sesiones de juicio diarias. Rus se enfrenta a ocho años de prisión por delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Mientras que Marcos Benavent, conocido como el "yonki del dinero", afronta cuatro años y medio de cárcel por prevaricación y malversación también con carácter continuado. El resto de los acusados –entre los que se encuentran el exsuegro de Benavent, Mariano López, y otras cinco personas más– son acusados de delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales. Al exsuegro de Benavent se le reclaman 13 años de prisión.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los hechos se remontan a junio de 2012, cuando Mariano López arrancó a Alfonso Rus el compromiso de adjudicar a su empresa un contrato público de gestión tributaria de servicios. El informe de necesidad de la contratación fue suscrito en diciembre de 2012 por el acusado Salvador Deusa como jefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia, amigo personal de López. En este proceso, Benavent, "conocedor de las intenciones de Rus de favorecer esta adjudicación", no puso ninguna traba ni inconveniente en el proceso administrativo de selección "como estaba ordenado y convenido por Rus con López".

En diciembre de 2012 se publicó el anuncio de licitación con un presupuesto de 1.020.000 euros. En la mesa de contratación tuvo una participación activa en el amaño el acusado Ricardo Ángel De Mari, jefe de servicio de la Diputación, según Fiscalía.

Servimun S.L. recibió la mayor puntuación para ser adjudicataria del contrato con una proposición "totalmente alejada de la verdadera realidad de lo que realmente podía y quería realizar la empresa", puesto que carecía de cualquier capacidad operativa para llevar a cabo lo señalado en la oferta, ni en medios técnicos, que eran a cargo de Imelsa, ni en medios personales, ni por experiencia en el objeto contractual.

Como coordinador del contrato se colocó al hijo de Mariano López, que se encontraba en paro, y que no contaba ni con experiencia ni con ninguna cualificación para el desarrollo de sus funciones. Pero no fue el único familiar que se benefició de las contrataciones, porque también se contrató a otro familiar del exsuegro de Benavent.

Finalmente, la formalización del contrato se realizó en junio de 2013 por un importe de 842.975,2 euros, distribuido en tres años. El trabajo fue "defectuoso" y "fracasado" desde un principio. Se pagó por trabajos no hechos.

En 2015, pese a los intentos de Mariano López de presionar a varios diputados para que se siguiese con la "farsa" de la contratación, no fue renovada por los informes negativos y la comprobación de la "inutilidad" del servicio por el nuevo equipo directivo de Imelsa. El perjuicio económico a los fondos públicos fue de 870.811,06 euros.

Mariano López creó una empresa, Técnicas Legales Administrativas, para hacerse con el dinero procedente de la contrata "simulando una relación contractual de la empresa con Servimun y poder introducir en el tráfico mercantil el dinero rapiñado, disfrutando del mismo sin que apareciera como titular ni dueño ni administrador de ninguna de las empresas".

La cantidad total que se incorporó al tráfico mercantil, simulando operaciones comerciales a través de la sociedad T.L.A y proveniente de Servimun asciende a un total de 198.835,48 euros, de los que se beneficiaron tanto Mariano López, como las también acusadas Vicenta y María Concepción Torregrosa.

Junto a esta operativa y antes de la creación de la sociedad Técnicas Legales Administrativas, Mariano López disfrutó del dinero de la adjudicación nada más firmado el contrato en junio de 2013 a través de transferencias bancarias de la cuenta de Servimun S.L.