VALÈNCIA, 4 Abr. — Recientes estadísticas revelan que en la Comunitat Valenciana se ha abierto juicio oral o se ha procesado a un total de 26 individuos y entidades jurídicas por delitos de corrupción durante el año 2024. Esta cifra se enmarca dentro de un total de 146 casos a nivel nacional, según un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha sido actualizado con la información correspondiente al último año.

El CGPJ, que lanzó su plataforma informativa al público en enero de 2017, permite a los ciudadanos acceder a datos sobre la actividad judicial en relación con la lucha contra la corrupción. Estos datos se revisan y actualizan trimestralmente, ofreciendo información sobre los acusados, los procedimientos judiciales, las sentencias emitidas y su carácter, entre otros indicadores clave.

El enfoque de esta recopilación de datos se centra en la corrupción pública, un fenómeno que genera grandes preocupaciones en la sociedad. Los casos que se registran involucran a funcionarios públicos, políticos y gobernantes en el ejercicio de sus funciones, y se centran en la malversación de fondos públicos, lo que incluye tanto la corrupción administrativa como la política.

El Código Penal español establece una serie de delitos relacionados con la corrupción, como la prevaricación urbanística y la malversación, así como otros delitos como el cohecho y el tráfico de influencias. Estos delitos están tipificados para abordar la mala gestión y mal uso de los recursos públicos, vitales para el buen funcionamiento de la administración pública.

En el año 2024, se han procesado un total de 35 casos de corrupción, cinco de los cuales corresponden a la Comunitat Valenciana, distribuidos en tres trimestres del año. Entre ellos, los tribunales dictaron auto de procesamiento o juicio oral contra 23 personas en el último trimestre, de las cuales siete eran de esta comunidad autónoma.

Respecto a las sentencias emitidas, en 2023 se dictaron 51 resoluciones judiciales en casos de corrupción, de las cuales 30 fueron condenatorias, representando un 58,82% del total. El resto fue absolutorio, lo que refleja un porcentaje significativo de casos donde los acusados fueron exonerados de los cargos que se les imputaban.

La plataforma también proporciona un desglose de las sentencias condenatorias, incluyendo aquellas que fueron dictadas con y sin conformidad, así como las que resultaron en condenas parciales. Estos detalles son vitales para entender la dinámica de los procesos de corrupción en el país.

El informe incluye, además, datos sobre las sentencias notificadas en el cuarto trimestre de 2024 por diversas instancias judiciales, donde de las 12 sentencias emitidas, 9 resultaron en condenas y 3 en absoluciones, lo que subraya la importancia de la vigilancia constante sobre la lucha contra este flagelo social.