La justicia valenciana ha tomado una decisión relevante al admitir en parte el recurso interpuesto por Marisa Gracia, exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), en relación a un asunto que toca fibras sensibles sobre la protección del honor personal.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha reconocido el derecho de Marisa Gracia a recibir una indemnización de 99.343 euros, correspondientes a los daños que ella sufrió debido a las conclusiones de una comisión de investigación de Les Corts Valencianes. Esta comisión investigó el trágico accidente de la línea 1 de Metrovalencia en 2006, que dejó un saldo de 43 fallecidos y muchas familias afectadas.

El tribunal ha considerado que la reclamación de Gracia estaba justificada tras analizar el acuerdo adoptado por la Mesa de Les Corts, que había desestimado su solicitud de responsabilidad patrimonial. En este contexto, los magistrados han aplicado un fallo del Tribunal Constitucional de 2018, que ya había establecido precedentes en defensa del derecho al honor de un exdirectivo de FGV, quien también recibió una indemnización por la misma razón.

En este caso, la Sección Cuarta del TSJCV ha decidido que Marisa Gracia tiene derecho a ser reparada, aunque su solicitud original pedía una cifra superior a los 218.000 euros. La corte aceptó que las acusaciones formuladas en su contra por la mencionada comisión de investigación sobre su integridad profesional habían causado daños morales significativos que lesionaron su reputación.

A pesar de estas imputaciones, es importante destacar que un juez de lo Penal había absolvido a Gracia de cualquier responsabilidad penal relacionada con el accidente del metro. Sin embargo, el tribunal ha determinado que las acusaciones que exceden el ámbito de la investigación parlamentaria vulneran su derecho al honor, lo que abre un debate sobre los límites de las funciones de control del poder legislativo.

Los magistrados señalaron que el caso ya resuelto por el Tribunal Constitucional era aplicable a la situación de Gracia, reafirmando así la necesidad de proteger el honor personal frente a conclusiones que podrían ir más allá de las competencias legislativas.

A pesar de la resolución favorable en parte, el TSJCV ha desestimado otras demandas de la exgerente, como la petición de que Les Corts se pronuncie formalmente para anular las acusaciones realizadas en su contra en un acuerdo de 2016, indicando que esa responsabilidad no corresponde a la corte.

Finalmente, y aunque hay opción de recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, el TSJCV ha ordenado que se publique la sentencia en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, asegurando así que se haga público el reconocimiento de la incomprensión sufrida por Marisa Gracia.