Los dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han confirmado que en el contrato del 'Call center' otorgado por la extinta empresa pública Imelsa a la mercantil Servimun S.L. hubo amaño según informa la noticia publicada en Europa Press. Además, han desvelado una carta que consideran se dirigía al expresidente de la Diputación y del Partido Popular de Valencia, Alfonso Rus, en la que se le pedía ayuda para mediar ante unas deficiencias detectadas durante la ejecución del contrato.

Los agentes, que fueron los primeros peritos en comparecer ante la Audiencia de Valencia, explicaron cómo surgieron las sospechas alrededor del 'Call center' y dieron sus principales conclusiones al respecto. Según su testimonio, la investigación se inició después de una declaración del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, ante la Guardia Civil, en la que nombró el 'Call center' mientras hablaba "de forma genérica" de procedimientos de contratación. A partir de ahí, los agentes realizaron varios requerimientos de documentación, correos electrónicos, e hicieron seguimientos a Benavent, puesto que se había apoderado de diferente documentación.

Los agentes pidieron autorización judicial para registrar tres domicilios y el despacho del letrado donde se localizaron facturas emitidas por Servimun con cargo a Imelsa y una carta que, según la UCO, se dirigía a Alfonso Rus y comenzaba con un "Estimado Alfonso". En la misiva, según los agentes, Mariano López defendía los intereses de Servimun y le pedía ayuda a "Alfonso" después de detectarse deficiencias en el servicio. Los agentes consideraron que esta carta no la tenía ni Rus ni López, sino Benavent.

Los dos agentes fueron interrogados sobre los audios del pendrive que dieron origen a la causa. Los agentes explicaron que uno de ellos se lo trasladó Fiscalía y les pidió que analizaran el contenido. Mientras analizaban estos audios, el juzgado les requirió --una vez judicializada la causa-- para que desprecintaran dos dispositivos aportados por Mariano López, otro pendrive y un ordenador.

En esta pieza, Fiscalía Anticorrupción acusa a Rus de los delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, y tráfico de influencias y le pide ocho años de prisión. Por su parte, al 'yonki del dinero', Marcos Benavent, le atribuye los delitos de prevaricación y malversación también con carácter continuado y le pide cuatro años y medio de cárcel. Los otros cinco acusados en esta pieza, bien como autores directos o como cooperadores necesarios, están acusados de delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil, y/o blanqueo de capitales. Entre ellos se encuentra el exsuegro de Benavent, para el que el fiscal reclama 13 años de prisión.