Un reciente fallo judicial en València ha cerrado un caso que involucró a José María Ángel, excomisionado del Gobierno para la Reconstrucción. La decisión del Juzgado de Instrucción número 4 establece que la denuncia por falsedad documental presentada por el Sindicato de Funcionarios Manos Limpias no puede proceder, ya que los presuntos delitos han prescrito, alegando que los hechos ocurrieron hace más de 30 años.

El magistrado encargado del caso ha fundamentado su resolución en que la falsedad documental es un delito que se consuma de forma inmediata, aunque sus consecuencias pueden perdurar en el tiempo. Esta interpretación se apoya en precedentes judiciales de las Audiencias Provinciales de Sevilla y Valencia, así como del Tribunal Supremo, que coinciden en este punto.

La denuncia en cuestión se centra en una supuesta falsificación de un diploma en archivística y biblioteconomía en el año 1983. Según el artículo 131 del Código Penal español, al tratarse de un delito de este tipo, es evidente que el plazo para ejercer acciones legales ha expirado, como ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El auto judicial especifica que, independientemente del artículo del Código Penal que se aplique, ya sea el 390 o el 392, los hechos alegados han sobrepasado claramente los plazos de prescripción, y, por lo tanto, el caso ha quedado cerrado legalmente.

Adicionalmente, el magistrado hace referencia a un auto anterior de la Audiencia de Valencia que refuerza su argumento, subrayando que la falsedad documental no debería considerarse un delito que permanezca en el tiempo en los mismos términos que otros delitos que se siguen cometiendo hasta que cesan. Este matiz es crucial para entender la naturaleza de la acusación y el fallo en este caso particular.

El auto del juzgado ha sido comunicado a las partes involucradas, permitiendo así la posibilidad de interponer recursos en caso de desacuerdo, ya sea a través de reformas o apelaciones.

Por su parte, José María Ángel, quien dimitió de su cargo el pasado 31 de julio, ha defendido en su carta de renuncia que nunca ha falsificado documentos ni se ha beneficiado de ello en su carrera pública. En preguntas dirigidas al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el excomisionado denunció una serie de ataques hacia su persona desde su nombramiento, argumentando que estos actos buscaban perjudicar su reconocida trayectoria en el servicio público.

Finalmente, Ángel reafirmó que su ingreso en la Diputación de Valencia hace 43 años fue totalmente legal y conforme a la normativa. Esta renuncia se considera relevante en el contexto, pues se produce después de que un informe de la Agencia Valenciana de Antifraude acusara a Ángel de haber presentado un título falsificado para acceder a la Administración Pública.