El gobierno de María José Catalá ha anunciado que la nueva regulación sobre apartamentos turísticos en València será "de las más restrictivas" de España, implementando cinco "candados" de control que deberán ser superados para la autorización. El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha enfatizado que el enfoque de esta normativa busca preservar la calidad de vida de los vecinos y garantizar un modelo de ciudad que priorice a los residentes sobre el uso turístico.

En una rueda de prensa celebrada el 31 de enero, Giner destacó que la normativa surgió tras la aprobación del borrador en la Junta de Gobierno Local. Con esta medida, el Ayuntamiento pretende que el 98% de los inmuebles en los barrios de la ciudad mantenga un uso residencial y comercial, relegando solo al 2% la posibilidad de ser convertidos en apartamentos turísticos. Según Giner, el objetivo es que València "sea para los valencianos", reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con la tranquilidad de los residentes.

La nueva regulación, que ha llegado tras una moratoria de licencias de apartamentos turísticos, está diseñada para fomentar un turismo sostenible y de calidad, enfatizando la protección de los vecinos. Giner explicó que los cinco "candados" actúan como filtros excluyentes; si no se supera uno, el proceso se detiene. Esto garantiza que se mantenga una proporción justa de alojamientos turísticos en la ciudad.

El primer "candado" establece que el número de plazas turísticas en los distritos no puede superar el 8% en relación al número de residentes empadronados. Este límite se extiende a nivel de barrio, asegurando que no se sobrepase la misma proporción en esas divisiones geográficas. El segundo control reforzará esta restricción, buscando equilibrar la oferta turística y la necesidad de mantener un ambiente residencial saludable.

El tercer "candado" se centra en limitar el uso turístico de viviendas a un 2% en cada barrio, lo que significa que solo una pequeña fracción de las propiedades podrá dedicarse a este fin. Esta medida, según Giner, es crucial para combatir la pérdida del uso residencial debido a la promoción indiscriminada de apartamentos turísticos, algo que ha sido un punto de preocupación en la gestión urbana de la ciudad.

Para evitar la concentración de apartamentos turísticos en áreas específicas, el cuarto control exige que no se exceda el 5% de estas propiedades en una misma manzana. Este enfoque busca distribuir de manera equitativa las actividades turísticas sin crear zonas de saturación que puedan incomodar a los vecinos.

Finalmente, el quinto "candado" establece que el 85% de los locales en las plantas bajas de una manzana debe destinarse a usos terciarios y comerciales, limitando la presencia de apartamentos turísticos al 15%. Esta disposición es un intento de enriquecer la vida comercial en las áreas residenciales, favoreciendo así una integración más armoniosa del turismo en la comunidad local.

Además, Giner resaltó que la normativa contempla incentivos para revertir apartamentos turísticos a viviendas residenciales, siempre que se cumplan las condiciones de habitabilidad. Este enfoque es una clara respuesta al legado de políticas anteriores que facilitaron la proliferación de alojamientos turísticos, a menudo en detrimento de los residentes permanentes.

El concejal manifestó que las nuevas medidas están diseñadas dentro del contexto del Plan Más Vivienda, el cual intenta abordar la crisis habitacional que afecta a la ciudad. Giner expresó su deseo de aumentar la oferta de vivienda para los valencianos y garantizar que se atiendan las necesidades de la comunidad.

En lo que respecta a barrios específicos como Cabanyal-Canyamelar, Giner confirmó que la normativa ha pasado de un límite del 10% de apartamentos turísticos a solo un 2%, junto con los controles para evitar la acumulación en manzanas individuales. En cuanto a Ciutat Vella, se regirá por su propia normativa, y las pedanías afectadas también estarán sujetas a las nuevas regulaciones.

Por último, Giner mencionó el trabajo de inspección que ha llevado a cabo el Ayuntamiento, citando más de 500 órdenes de cierre de viviendas turísticas ilegales en el último año. Aseguró que las solicitudes de licencias se tramitarán de acuerdo con la nueva legislación una vez que se levante la suspensión actual, asegurando que solo las actividades legales podrán continuar operando bajo los nuevos lineamientos, mientras que las ilegales deben cesar inmediatamente.