ALICANTE, 13 de octubre.

La Guardia Civil de Alicante, a través de su Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona), ha iniciado una investigación contra 20 individuos, cuyas edades oscilan entre los 35 y 88 años, debido a la existencia de un complejo residencial no autorizado en un área no urbanizable e inundable en la Vega Baja. Este lugar ha sido señalado por la comisión de violaciones significativas en materia urbanística, medioambiental y de seguridad.

Los individuos afectados en esta pesquisa incluyen propietarios de terrenos, administradores, arrendadores y poseedores de casas móviles, a quienes se les atribuye un delito contra la ordenación del territorio. Además, dos de las personas están bajo sospecha por un delito relacionado con recursos naturales y el medio ambiente, debido a su supuesta implicación en vertidos contaminantes, según un comunicado oficial del cuerpo policial.

La indagación comenzó el año pasado a raíz de una denuncia anónima que alertaba sobre el vertido de aguas residuales sin tratar hacia una acequia destinada a la evacuación de sobrantes de riego, conocida localmente como azarbe.

Las investigaciones revelaron que dicho vertido procedía precisamente del complejo residencial mencionado. Un informe pericial corroboró que las aguas arrojadas presentaban propiedades contaminantes, capaces de alterar gravemente el equilibrio del ecosistema local, poniendo en peligro la agricultura de la área.

Durante una inspección del lugar, los agentes hallaron aproximadamente 60 casas móviles situadas en terreno no urbanizable y en una zona considerada potencialmente inundable, sin las licencias urbanísticas necesarias.

El complejo estaba organizado en tres calles asfaltadas y contaba con instalaciones como oficina de recepción, bar-restaurante, fregaderos, duchas, baños, áreas recreativas y piscinas, además de las viviendas tipo 'mobil home', muchas de las cuales incluían elementos adicionales como porches y cocheras.

Este lugar operaba con acceso a servicios básicos como agua, electricidad y saneamiento, funcionando prácticamente como un núcleo residencial, donde se contabilizaron alrededor de 60 personas registradas como residentes permanentes.

El gerente del complejo supuestamente implementó diversas estrategias para continuar con la actividad, como la creación de nuevas empresas y la compra de terrenos aledaños para expandir las instalaciones y maximizar su rentabilidad. Adicionalmente, la Guardia Civil indicó que las viviendas eran promocionadas en un sitio web gestionado por una empresa británica, lo que facilitaba la captación constante de nuevos clientes.

Las diligencias desarrolladas han sido enviadas a la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Alicante, y el caso ha sido llevado al Juzgado de Instrucción de Torrevieja, donde las investigaciones siguen su curso.

Simultáneamente, la autoridad municipal correspondiente ha decidido cerrar el complejo, siendo esta medida actualmente pendiente de ejecución. También se ha notificado a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), responsable de asegurar el cumplimiento de la ley urbanística y de restaurar la realidad física en terrenos que han sido alterados, de acuerdo con la normativa vigente.