En la ciudad de València, el pasado domingo, se organizaron protestas masivas por parte de los Colegios de Veterinarios de Castellón, Valencia y Alicante. Los profesionales del sector salieron a las calles para manifestar su desacuerdo con la nueva normativa relacionada con los medicamentos veterinarios, la cual consideran excesivamente restrictiva.

Las manifestaciones tuvieron un carácter simultáneo en las tres capitales, logrando convocar a cerca de mil personas en total, en un contexto que también resonó a nivel nacional, con protestas programadas en 40 provincias diferentes de España durante el mismo fin de semana, según un comunicado emitido por los organizadores.

Una de las novedades de esta jornada de protesta es que se invitó a participar no solo a veterinarios, sino también a propietarios de animales, incluidos los ganaderos, evidenciando así la preocupación colectiva que existe respecto a las implicaciones de la nueva legislación, especialmente el controvertido Real Decreto 666/2023.

Estas manifestaciones no son nuevas; de hecho, se trata de la tercera y cuarta movilización en Castellón y València, respectivamente. A nivel nacional, se han llevado a cabo un total de nueve manifestaciones sin que, hasta la fecha, haya habido cambios significativos en la regulación que se protesta.

Inmaculada Ibor, presidenta del Consell Valencià de Col·legis Veterinaris, expresó su preocupación por la falta de solución. Resaltó que el problema no solo afecta a los veterinarios, sino también al bienestar de los animales y, por ende, a la salud pública general.

Las marchas comenzaron en la mañana del domingo en diferentes puntos del centro de cada ciudad y culminaron con una concentración en la que se presentó un manifiesto. Durante el trayecto, los asistentes lanzaron consignas que reflejan sus inquietudes, como “Sin medicamentos, vendrán los lamentos” o “Si no puedo prescribir, tu mascota va a morir”.

Más allá de los argumentos técnicos que han sido planteados ante los ministerios de Agricultura, Sanidad y Hacienda, las manifestaciones buscan involucrar a todos los afectados por esta nueva regulación. Los veterinarios han advertido sobre la limitación que impone el RD 666/2023, que dificulta la prescripción de tratamientos adecuados al obligar a recetar fármacos no óptimos para determinadas enfermedades.

Los profesionales critican también la falta de libertad para aplicar el conocimiento científico a sus prácticas, ya que se ven forzados a ceñirse a fichas técnicas que a menudo están desactualizadas. Esto, argumentan, eleva los riesgos tanto para la salud de los animales como para la salud pública, dado que algunas enfermedades zoonóticas pueden ser transmitidas a humanos.

Otro de los puntos cuestionados es el sistema rígido que regula el uso de medicamentos, lo que dificulta el acceso rápido a tratamientos efectivos para los pacientes. También se destacó que los tratamientos se vuelven más costosos y generan más desperdicio, debido a que obligan a utilizar envases inadecuados.

Por si fuera poco, los veterinarios también denunciaron que los servicios veterinarios tienen un IVA del 21%, lo que equivale a un trato fiscal similar al de productos de lujo, cuando en realidad, según ellos, la salud animal debería ser considerada un servicio esencial, al igual que otros servicios de salud.

Las movilizaciones comenzaron en Barcelona el 5 de febrero, donde se congregaron alrededor de mil veterinarios. A lo largo de los meses, las manifestaciones se han ido sucediendo en diferentes ciudades del país, indicando un creciente descontento en el sector. Un evento destacado fue la gran manifestación del 5 de marzo en la sede del Ministerio de Agricultura, que reunió a 5,000 personas de diversas partes del país.

La presión sobre el gobierno no cesa. El 7 de mayo, en una nueva manifestación frente al Congreso, los veterinarios y sus simpatizantes expresaron sus inquietudes y demandas, mientras que en el Senado se debatía una propuesta que buscaba reformar la normativa actual y abrir un diálogo con el colectivo veterinario.