En un giro significativo de los acontecimientos, la Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud ha tomado la decisión de emprender acciones legales contra José María Llanos, portavoz de Vox en Les Corts Valencianes. Esta medida se ha desencadenado a raíz de sus recientes declaraciones en las que cuestionó la legitimidad de las asociaciones que emergen tras tragedias, afirmando que a menudo están más inclinadas a los intereses personales que a representar verdaderamente a las víctimas.

Las controversiales palabras de Llanos fueron expresadas durante una conferencia de prensa, donde se refirió a la notable ausencia de las organizaciones de víctimas en el listado inicial de testigos de la comisión de investigación sobre la DANA, un asunto que ha dejado una trágica cifra de 228 muertos. Dicha comisión fue impulsada por el Partido Popular y Vox, en un esfuerzo por prevenir futuros desastres similares.

La decisión de proceder legalmente fue aprobada en una asamblea de la asociación, donde un 70% de los miembros votó a favor de presentar la querella, mientras que un 20% optó por la abstención y un 10% se mostró en contra. Este respaldo mayoritario refleja la indignación del colectivo ante las declaraciones de Llanos, que consideran injustas y perjudiciales.

Antes de avanzar con la querella, la asociación debe seguir el procedimiento legal que requiere un acto de conciliación. En este contexto, expresaron su esperanza de que el portavoz de Vox se muestre razonable y retire sus palabras, lo que podría evitar el proceso judicial.

En la misma reunión, la asociación delineó una serie de demandas que se presentarán a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von Der Leyen, en un encuentro programado para el 13 de mayo. Estas solicitudes incluyen un análisis exhaustivo de la gestión de la riada del 29 de octubre de 2024 por parte de las autoridades, así como la atención necesaria para los afectados, quienes aún enfrentan dificultades significativas.

Adicionalmente, se ha solicitado la colaboración de empresas europeas para llevar a cabo la reparación de infraestructuras dañadas, incluyendo la limpieza y renovación de garajes comunitarios. Ante la insalubridad existente en estos espacios, instan a las autoridades a regular los presupuestos y evitar que se presenten estimaciones onerosas sin supervisión efectiva.

Las víctimas también plantearon la necesidad de que se establezcan mecanismos que faciliten el trabajo de profesionales del sector en España y que se agilice la llegada de piezas de repuesto esenciales. Además, sugirieron la creación de un sistema de alerta coordinado entre los servicios de emergencia de todos los países europeos, con el propósito de optimizar la respuesta ante futuras emergencias en el continente.

Entre las propuestas se incluye la formación de un fondo común de reconstrucción para facilitar una respuesta rápida a infraestructuras afectadas por catástrofes, un asunto que preocupa enormemente a las comunidades que siguen atemorizadas por la posibilidad de nuevas riadas.

Finalmente, las víctimas abogan por la instauración de un comité de seguimiento de la Comisión Europea para monitorear los esfuerzos de reconstrucción, así como la formación de una Comisión Técnica de Investigación compuesta por expertos que analicen las causas de la severidad de las riadas y las acciones necesarias para mitigar sus efectos en el futuro.

Estos puntos serán comunicados a otras organizaciones de afectados con el fin de consolidar un conjunto de demandas que se presentarán en conjunto ante la Comisión Europea, lo que podría resultar en ajustes y nuevas propuestas basadas en un enfoque colaborativo.