En una jornada tensa en la Audiencia Provincial de Valencia, la Fiscalía Anticorrupción ha reiterado su solicitud para que el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, cumpla con su pena de prisión de inmediato. Este reclamo se produce tras la condena impuesta a Zaplana por su participación en el caso Erial, que involucra irregularidades en la trama de las ITV. La defensa del exdirigente del Partido Popular ha respondido de manera contundente, argumentando que no existe un riesgo real de que su cliente se fugué de la justicia.

En su comparecencia, Eduardo Zaplana dejó claro que su intención no es huir: “No está en mi ánimo fugarme”, resaltó, defendiendo así su compromiso con el proceso judicial en curso. Esta declaración tuvo lugar durante una vistilla que se celebró el pasado jueves en la cuarta sección de la Audiencia, donde se discutió el potencial ingreso del exministro en prisión tras su condena a 10 años y cinco meses de cárcel.

La Fiscalía, en su intervención, argumentó que el ingreso inmediato en prisión de Zaplana es crucial para prevenir un posible intento de fuga, citando el caso de José María Tabares, quien eludió la justicia tras ser condenado en el caso Ivex. Frente a esto, la defensa alegó que Zaplana no solo sufre de problemas de salud, que complican su situación, sino que también tiene un fuerte arraigo familiar en España, lo que disminuye notablemente cualquier indicio de riesgo de fuga. “No hay ni el más mínimo indicio de riesgo. Tiene su casa, su familia, y todo lo tiene en España”, subrayó su abogado.

Con los argumentos de ambas partes presentados ante los magistrados, el tribunal ahora debe decidir sobre el futuro de Zaplana. Si se opta por ordenar su ingreso en prisión, es probable que la decisión final se traslade a los Juzgados de Ejecutorias, donde se le otorgaría un breve plazo para establecer su ingreso tras la resolución de los recursos que se han presentado ante el Tribunal Supremo.

Esta situación plantea serias dudas sobre la posibilidad de que el expresidente cancele su estatus legal y su compromiso con la justicia, algo que quedará por verse en los próximos días. (Aunque se anticipa que habrá una ampliación de la información más adelante).