En un reciente informe, la Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas (FETAP-CGT) ha revelado serias deficiencias en la gestión del riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana. Este documento fue presentado a la justicia en el contexto de la trágica dana que afectó a la región, ocasionando la pérdida de 228 vidas y un impacto devastador en varias localidades.

El organismo sindical ha señalado que, según su análisis, muchas de las víctimas del desastre provenían de áreas donde existía un riesgo de inundación alto o medio, lo que hace cuestionar la preparación y respuesta de las autoridades frente a situaciones de emergencia. La falta de acción oportuna en la activación del Cecopi, el centro clave para coordinar los esfuerzos de rescate, ha sido uno de los puntos más críticos destacados en el informe.

FETAP-CGT sostiene que el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana no llegó a funcionar como se requería, impidiendo el efectivo monitoreo de las necesidades expresadas por los municipios y los ciudadanos que solicitaban ayuda a través del número de emergencias 112. Según el informe, esta falta de funcionamiento representó un grave incumplimiento del Plan Especial destinado a la atención de inundaciones, puesto que no se realizaron las alertas necesarias a los municipios más vulnerables.

El contraste entre el plan de inundaciones y los hechos ocurridos durante la dana es evidente. Al indagar en los datos sobre las localidades donde residían las víctimas, el análisis muestra que la mayoría de los decesos se registraron en zonas reconocidas por su elevada susceptibilidad a inundaciones. Este dato disparó alarmas sobre la capacidad de respuesta local ante amenazas de este tipo.

Asimismo, se señala que solo dos de los 23 centros de coordinación municipal, conocidos como Cecopal, fueron establecidos en los días previos al desastre, lo que pone de relieve la falta de previsión en situaciones de emergencia. La tardanza en la activación del Cecopi, que emergió tres horas después de que se declarara la atención de emergencia en la comarca de la Plana Utiel-Requena, es otro de los fallos notables evidenciados en el informe.

Además, se crítica la falta de acciones planificadas y las respuestas insuficientes en el caso de inundaciones, afectando no solo a las autoridades políticas, sino a toda la administración. La incapacidad de notificar a la población en riesgo y de movilizar recursos adecuados ha contribuido a la tragedia en la que miles de personas se vieron atrapadas sin una respuesta organizada ni eficiente.

Los problemas no se limitan a la coordinación y la información; el documento también menciona la falta de comunicación con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), considerando necesaria una mejor actualización y adaptación de las predicciones a corto plazo. Sin una solicitud adecuada de información crítica, las autoridades no pudieron tomar medidas proactivas para proteger a la población de la inminente catástrofe.

Por último, FETAP-CGT concluye que la combinación de reticencias y demoras en la activación de los protocolos de emergencia resultó en una respuesta insuficiente a las demandas tanto de los municipios como de los ciudadanos afectados, quienes intentaron buscar ayuda a través de los canales disponibles. Esta situación plantea interrogantes sobre la preparación y la capacidad de respuesta ante futuras emergencias en la región.