La reciente propuesta del Partido Popular (PP) en la Comunidad Valenciana ha generado un intenso debate en torno a los derechos de las personas LGTBI. En una enmienda a la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2025, el PP ha planteado una serie de modificaciones que, según sus críticos, podrían significar un retroceso en los derechos ya logrados por la comunidad trans.

Desde la coalición Compromís se ha denunciado que esta iniciativa representa un intento de "recortar" los derechos de las personas LGTBI. Aseguran que los cambios propuestos atenderían a una lógica de restricción que podría afectar gravemente a la dignidad y los derechos básicos de quienes pertenecen a este colectivo. La enmienda afectaría la Ley 8/2017, que ya promovía el derecho al reconocimiento de la identidad y expresión de género, modificando aspectos cruciales para los menores trans.

Una de las modificaciones más significativas se refiere a la inclusión de un requisito de acompañamiento psicológico para los menores que deseen iniciar un tratamiento farmacológico. Según la reforma, será necesario que estos jóvenes reciban apoyo por parte de profesionales de salud mental a lo largo de todo el proceso, lo que ha sido interpretado por algunos como un signo de desconfianza hacia la capacidad de decisión de los menores.

Además, el PP estaría buscando reemplazar el artículo 9, que obligaba a la Generalitat a tratar de forma equitativa a las personas conforme a su identidad de género, por un lenguaje más ambiguo que implica una revisión de las normativas administrativas y de documentación, destacando más la diversidad que los derechos concretos. Esto ha levantado muchas voces críticas, que argumentan que la esencia de la norma original se diluye en pro de un enfoque más reaccionario.

Los populares también han propuesto que la evaluación de cómo se implementa esta ley recaiga en el Consejo LGTBIQ+ en lugar del Consell Consultiu Trans, lo cual, según sus detractores, podría restar representación directa a las voces trans en la toma de decisiones políticas y administrativas.

Compromís ha manifestado su preocupación, señalando que este tipo de enmiendas suponen un "ataque sin precedentes" contra el colectivo LGTBI, haciendo un llamado a la movilización para defender los derechos adquiridos en la Comunidad Valenciana. El portavoz de Igualdad LGTBI de Compromís, Francesc Roig, ha subrayado que los cambios buscan reducir la voz de las personas trans en el ámbito institucional, llevándolas a una situación de desprotección.

Desde el PP, la portavoz en Les Corts, Verónica Marcos, ha defendido la propuesta como una medida que no recorta derechos, sino que busca integrar de manera más eficiente a todas las entidades del colectivo dentro del nuevo Consejo Valenciano LGTBIQ+. Según su argumento, la reestructuración del consejo responde a un enfoque de mayor inclusión y representación plural, en contraposición a lo que ha calificado de "sectarismo" de administraciones anteriores.

Marcos ha expresado su intención de que, con estos cambios, el nuevo consejo pueda gestionar de mejor manera los recursos y los derechos de todas las personas LGTBIQ+, garantizando una mayor eficacia en la supervisión y aplicación de la ley. Sin embargo, esta versión de los hechos enfrenta una gran resistencia por parte de las organizaciones defensoras de los derechos trans, que ven en las reformas una amenaza a la autonomía y bienestar de los menores en particular.

La controversia sobre la enmienda del PP pone de manifiesto las profundas divisiones existentes en la política valenciana sobre cuestiones de identidad y derechos humanos, destacando la necesidad de un diálogo inclusivo que respete y proteja a todos los sectores de la sociedad.