En medio de la crítica situación que atravesaron las comunidades afectadas por la reciente dana, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha anunciado que tomará acciones concretas para instar al Gobierno español y a la Generalitat a establecer una comisión de coordinación. Esta iniciativa, que está alineada con la legislación vigente, se plantea como una medida esencial para abordar la reconstrucción tras los devastadores efectos del fenómeno meteorológico que tuvo lugar el 29 de octubre, especialmente en la provincia de Valencia.

En una rueda de prensa llevada a cabo en Alicante, Gabilondo dio a conocer esta propuesta tras reunirse con su homólogo en la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, quien actúa como Síndic de Greuges. Ambos coincidieron en la necesidad de actuar como mediadores ante los desafíos que enfrenta la población y la labor de las instituciones, reafirmando la importancia de la vigilancia tanto a nivel central como autonómico, especialmente en el periodo de emergencia generado por las inundaciones.

En cuanto a la constitución de la comisión, Gabilondo fue claro al señalar que enviará una solicitud formal al Ejecutivo y al Consell, citando varios artículos legales que respaldan su creación. Esto incluye referencias a la Ley 17/2015 y otros decretos que detallan el mecanismo necesario para llevar a cabo la recuperación económico-social en el territorio afectado por la catástrofe.

El Defensor del Pueblo enfatizó que su papel es supervisar la administración y subrayó la importancia de que se implementen estos mecanismos establecidos en la normativa. A pesar de carecer de la información precisa sobre qué entidades conformarían dicha comisión de coordinación, Gabilondo destacó que es fundamental que las administraciones colaboren en lugar de buscar culpables entre ellas.

El diálogo abierto entre las diferentes instituciones es esencial, según Gabilondo, quien subrayó que su única preocupación es el bienestar de los ciudadanos. En este sentido, tanto él como Luna tienen claro cuáles son sus competencias y no pretenden generar conflictos, sino priorizar la coordinación efectiva para resolver los problemas de los afectados.

Respecto a las quejas recibidas por el Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo en relación con la dana, Luna señaló que muchas de ellas están comenzando a llegar y están principalmente relacionadas con las ayudas activadas por ambas administraciones para los damnificados. Si bien no se ofreció una cifra exacta, se mencionaron al menos 30 quejas relacionadas con la crisis, así como un número superior a 200 en otras categorías vinculadas a la emergencia.

El Defensor ha trasladado sus inquietudes sobre los retrasos en el cobro de ayudas por parte del Consorcio de Compensación de Seguros, identificando casos en los que se han resuelto los pagos y donde se ha dado una respuesta a las comunidades de propietarios afectadas.

A pesar del volumen de quejas, Gabilondo afirmó que la gravedad de la situación no se mide únicamente por el número de reclamaciones presentadas, ya que incluso unas pocas pueden evidenciar problemas significativos. Así, se refirió a la inquietud manifestada en el sector educativo y otros ámbitos, recordando que siempre están en contacto para ofrecer respuestas a las demandas de la ciudadanía sin hacer que se sientan desplazados de una entidad a otra.

Gabilondo también puso de manifiesto la necesidad de mejorar la planificación social y educativa en las zonas afectadas y resaltó las deficiencias en la comunicación y el aviso ante la catástrofe. Aseguró que es crucial fomentar una cultura de colaboración para restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, reconociendo también el esfuerzo de aquellos que trabajan en la administración para ayudar a la comunidad.

Al final de la reunión, Luna actualizó a Gabilondo sobre tres quejas en las que el Síndic de Greuges está trabajando, relacionadas con los servicios sociales, la situación de los centros educativos y la problemática de la vivienda en las zonas afectadas por la dana.