Un grupo delictivo dedicado a la explotación sexual ha sido desmantelado por las fuerzas del orden en Alicante, donde presuntamente forzaban a mujeres a prostituirse para eliminar deudas impuestas. En esta operación, se han practicado cuatro detenciones, dos de las cuales corresponden a hombres y las otras a mujeres, con edades que oscilan entre los 23 y los 56 años. Además, la policía anticipa la captura de un quinto implicado en breve. Dos de los arrestados ya se encuentran a disposición judicial.

La organización internacional se dedicaba a la captación de mujeres en Sudamérica, prometiéndoles un futuro laboral más prometedor en España. Sin embargo, una vez que llegaban, se vieron forzadas a asumir una carga de 5.000 euros por los costos del viaje, según se detalla en un comunicado oficial del cuerpo policial.

Se ha revelado que al menos una de las víctimas fue sometida a condiciones de explotación severas en un piso de Alicante, donde se le obligaba a ejercer la prostitución para saldar la deuda que le habían impuesto por el traslado.

Los responsables de la organización se encargaban de gestionar los billetes de avión para las víctimas y les enseñaban cómo evadir los controles fronterizos en España, utilizando documentación falsa que incluía certificados de seguros de viaje y reservas de hotel, las cuales eran posteriormente anuladas.

Adentrándose en territorio español, las víctimas eran alojadas en un prostíbulo donde eran fotografiadas para promocionar sus servicios sexuales. La estructura del grupo delictivo era claramente jerárquica, designando roles específicos a cada uno de sus integrantes, tal como ha subrayado la Policía Nacional.

La líder del grupo, una mujer astuta, manipulaba a las víctimas haciéndoles creer en la viabilidad de su llegada a España. Era ella quien facilitaba la documentación falsa, financiaba los viajes y se encargaba de transportarlas a los lugares de explotación.

También se le atribuyen acciones coercitivas, ya que imponía la deuda de 5.000 euros, controlando los anuncios de servicios sexuales y recibiendo los pagos de los clientes. Además, se sospecha que amenazaba a las víctimas y a sus familias en el país de origen para garantizar el pago de la deuda y evitar que escaparan.

Una cómplice, también mujer, gestionaba las condiciones en el prostíbulo y colaboraba activamente con la líder en la explotación de las víctimas y en la administración de las habitaciones de alquiler.

Por otro lado, uno de los hombres detenidos era encargado del transporte de las víctimas, asegurándose de que llegaran a los lugares donde serían explotadas. Otra mujer, trabajando en la misma red, se ocupaba de coordinar los servicios sexuales, usando su teléfono para promocionar a las víctimas en línea y manejar las citas con los clientes.

El compañero de la líder, otro de los hombres detenidos, también jugaba un papel clave al amenazar a las víctimas con el fin de asegurar que pagaran la deuda impuesta. Se sospecha que su función además incluía actuar como seguridad para proteger al grupo.

Las investigaciones indican que una de las mujeres llegó a Madrid en un vuelo a principios de abril, y al día siguiente tomó un tren hacia Alicante. Allí, fue acogida por la líder y su pareja, quienes la llevaron a un piso para fotografiarla y posteriormente restrigir su libertad al obligarla a prostituirse.

En el lugar de explotación, la víctima estaba bajo vigilancia constante mediante cámaras y era amenazada con la retención de su pasaporte si no cumplía con las expectativas. Se estipuló que debía destinar la mitad de sus ingresos a pagar la supuesta deuda, mientras que el resto sería entregado a la jefa de la organización, lo que significaba que no recibiría compensación por su trabajo.

Según la información proporcionada por la policía, la víctima solo contaba con un día de descanso a la semana y enfrentaba multas de 300 euros si generaba cualquier inconveniente. Además, le exigían borrar todas las conversaciones mantenidas en su móvil con la líder del grupo.

El costo total del traslado de la víctima se estimó en alrededor de mil euros, sin embargo, se le presentó una deuda ficticia de 5.000 euros que solo podría liquidar a través de la prostitución. La investigación ha sido llevada a cabo de manera conjunta por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, procedente de las Brigadas de Extranjería y Fronteras en Alicante y Madrid.