Recientemente, se llevó a cabo una exitosa operación en la bahía de Santa Pola, donde se lograron recuperar ocho dispositivos de pesca ilegales. Además, se encontraron cuatro pulpos vivos que fueron devueltos a su hábitat natural.

El pasado 5 de febrero, agentes de la Guardia Civil, en colaboración con inspectores de Pesca Marítima de la subdelegación del Gobierno de Alicante, detectaron una embarcación que empleaba métodos de pesca no autorizados para la captura de pulpos (Octopus vulgaris). Esta acción se enmarca en un esfuerzo coordinado por proteger las aguas y la biodiversidad de la región.

La intervención se inició tras un aviso dado por inspectores de Pesca que, desde la costa, observaron a una embarcación semirrígida en la que dos individuos, uno de ellos con traje de buceo, estaban arrojando tuberías al fondo del mar para utilizarlas como trampas. Ante esta situación, se solicitó la asistencia del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y del Servicio Marítimo Provincial para realizar la intervención.

Una vez abordaron la embarcación, los agentes identificaron a sus ocupantes y revisaron el equipo que poseían. En su poder se encontraron cubos, herramientas y una botella de hipoclorito de sodio (lejía). En esta intervención inicial, se confiscó la primera de las trampas ilegales.

Posteriormente, en una segunda fase de la operación, el GEAS regresó al área con equipamiento de buceo especializado. Al llevar a cabo una búsqueda detallada del fondo marino, lograron incautar un total de ocho trampas caseras construidas con tuberías de PVC, algunas de las cuales habían sido fijadas al fondo con instrumentos de gran peso. En el interior de cuatro de estas trampas había pulpos vivos que fueron liberados de inmediato al mar.

El uso de estas artes de pesca sin la debida señalización e identificación viola la normativa establecida, que exige que todos los equipos de pesca profesional estén claramente identificados con el nombre y número de matrícula de la embarcación, tal como indicó la Guardia Civil.

Una vez concluidas todas las verificaciones pertinentes, se procedió a la confiscación de los materiales ilegales y se iniciaron los trámites para imponer las sanciones correspondientes. La utilización de trampas prohibidas representa una severa amenaza para la sostenibilidad del ecosistema marino, afectando no solo a especies protegidas, sino también a ejemplares jóvenes que no alcanzan el peso mínimo legal establecido.

Esta actividad ilegal plantea un problema significativo para los pescadores profesionales, al competir deslealmente con ellos a través de capturas que no siguen los canales legales de comercialización. Parte de esos productos puede incluso terminar en el sector de hostelería, siempre a través de medios irregulares y sin las condiciones mínimas de seguridad e inspección que exige la normativa.

La Guardia Civil ha enfatizado que la pesca furtiva representa una infracción grave bajo la Ley de Pesca Marítima, y las sanciones económicas pueden variar entre 601 y 60,000 euros, reflejando la seriedad de este delito que compromete tanto la economía local como la conservación del medio marino.