CASTELLÓ, 13 de marzo -

La Asociación de Salvamento Marítimo (SMH), responsable de la embarcación de rescate Aita Mari, ha interpuesto una demanda contra VOX Borriana, así como contra su concejal y diputado en las Corts Valencianes, Jesús Albiol, por supuestos delitos de calumnias e injurias. La ONG ha señalado que el edil acusó a su unidad de rescate de actuar como un "barco de negreros" y de ser "cómplices de las mafias que trafican con personas".

El Aita Mari, una barco pesquero transformado en nave de rescate, se ha dedicado a ayudar a personas refugiadas que intentan cruzar el Mediterráneo en busca de escapar de la guerra, el hambre y la pobreza. Durante la legislatura anterior, los rescates humanitarios encontraron apoyo en los puertos de Burriana y Vinaròs, donde las embarcaciones operativas recibieron un respiro para realizar labores de mantenimiento. Este apoyo fue facilitado por una exención de tasas portuarias impuesta por el gobierno valenciano, según ha informado la SMH.

No obstante, la actual administración del Consell ha decidido acatar una solicitud de VOX, que reclama el pago de tasas portuarias acumuladas en los últimos cuatro años, totalizando 63.000 euros. Esta medida podría significar, de facto, la expulsión de las naves de rescate humanitario de los puertos de la Comunitat Valenciana, según ha denunciado la organización.

Como respuesta a esta situación, se organizó una manifestación ciudadana que tuvo lugar el 6 de septiembre de 2024 en la puerta del Palau de la Generalitat, donde los asistentes clamaban por el respeto a la ley. La protesta fue encabezada por una pancarta de SMH que proclamaba "No a l'obstrucció de les ONG's: RESCATES SIN TASAS".

Durante estas protestas, el diputado Albiol reiteró sus acusaciones en diversos foros públicos, las cuales fueron replicadas por su partido en las plataformas digitales. Debido a esto, SMH y el capitán del Aita Mari decidieron presentar una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La demanda incluye una reclamación inicial de 27.794,75 euros por los daños morales que ha sufrido la organización.

Amaia Iguaran, vicepresidenta de la ONG, expresó su preocupación ante el comportamiento de los partidos de extrema derecha que, según ella, intentan obstaculizar la asistencia humanitaria, utilizando un lenguaje xenófobo que alimenta el miedo hacia la inmigración. "Cada vez que salimos al mar, nos topamos con personas que huyen del hambre y de la guerra en busca de un futuro mejor", subrayó.

Iguaran se cuestionó sobre los sacrificios que hacen aquellos que arriesgan sus vidas y afirmó que desde la comodidad de Occidente es difícil comprender el porqué de tales decisiones, incluso cuando nuestras propias circunstancias son adversas.

En respuesta a las críticas de la oposición, la vicepresidenta de SMH recordó que su labor en la defensa de los derechos humanos y el rescate marítimo ha sido reconocida como de interés público, recibiendo premios tanto de organizaciones civiles como de instituciones.

Desde su inicio de operaciones en 2019 en el Mediterráneo, el Aita Mari ha logrado rescatar a 1.328 individuos, y el número de rescates ha ido en aumento cada año. En su trayectoria, se contabilizan rescatados 79 en 2019, 202 en 2020, 258 en 2021, 288 en 2022 y 424 en 2023, mientras que en lo que va de 2024 ya se han rescatado 77. "El sufrimiento humano es inmenso y no se puede solventar con políticas restrictivas, ya que lo que enfrentan es mucho peor que la posibilidad de ahogarse", lamentó Iguaran.

Iguaran también resaltó que, a pesar de las minuciosas investigaciones que deben enfrentar las embarcaciones de rescate tras cada misión, jamás se ha sancionado a ninguna por sus actos humanitarios. En efecto, la justicia italiana ha anulado la detención administrativa del Geo Barents (MSF), reafirmando que la solidaridad y el rescate en el mar son derechos básicos y evidenciando el intento de estigmatizar la ayuda a aquellos que son rescatados.

La obligación legal de asistir a embarcaciones en peligro es fundamental, y obstaculizar esta asistencia o negarla mediante el uso indebido de normativas administrativas se califica como un acto inhumano, que tiene consecuencias legales a las que tarde o temprano se deberá hacer frente.

Por último, Iguaran reveló que en la decisión de elevar esta demanda, buscaron la colaboración de Mónica Oltra, quien había promovido la exención de tasas en los puertos de la Generalitat. "Decidimos solicitar su asistencia como abogada, ya que fue ella, en su papel como vicepresidenta, quien propuso que los buques de ayuda humanitaria tuvieran un espacio seguro en los puertos de Burriana y Vinaròs gracias a la exención de tasas", concluyó Iguaran.