En un reciente pronunciamiento, el gobierno de la Comunidad Valenciana ha expresado su firme convicción de que no existen más pretextos para la aprobación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario. La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha sido clara al afirmar que, en este caso, "solo requiere voluntad política".

La política económica del Gobierno de España ha sido duramente criticada por Merino, quien sostiene que durante seis meses han retenido las entregas a cuenta destinadas a la comunidad. En sus declaraciones, exigió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que evite "tomar por tontos a los ciudadanos" y que reconozca que este dinero pertenece a todos los valencianos.

Merino también ha señalado que la reciente intención del Gobierno de aprobar un decreto ley para actualizar las entregas a cuenta, que se discutirá en el Consejo de Ministros, surge en un contexto de "tacticismo político". Según la consellera, este movimiento es un intento de hacer parecer que ellas son las imprescindibles en la solución de la situación, cuando en realidad se ha utilizado la situación financiera de la Comunidad Valenciana como un "arma política".

La crítica se intensificó cuando la ministra anunció la actualización de las entregas a cuenta, que Merino considera un intento de reparar una injusticia. Según las autoridades valencianas, el Gobierno ha monopolizado recursos que deberían haber sido destinados a las comunidades autónomas desde el 1 de enero, acumulando una deuda de 165 millones por mes que le corresponde a la Comunidad Valenciana.

A pesar del anuncio del decreto, la Generalitat cuestiona la sinceridad del Gobierno, argumentando que sus excusas para no transferir lo que corresponde siempre son nuevas y variadas. Desde la falta de Presupuestos hasta la falta de aprobación de un decreto 'ómnibus', cada ocasión ha sido utilizada para posponer las transferencias.

De acuerdo con el gobierno valenciano, ahora no hay justificación para no avanzar con el FLA extraordinario, que requiere únicamente la aprobación en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. La falta de mención sobre este asunto por parte de Montero ha creado desconfianza, alimentando la percepción de que se desea prolongar la crisis económica en la comunidad por motivos políticos.

Las autoridades valencianas advierten que, sin la aprobación urgente del FLA, la Generalitat se verá imposibilitada de cubrir los pagos de suministros básicos, incluyendo farmacéuticos. La situación financiera del gobierno muestra una asfixia preocupante: a finales de abril, la deuda comercial se elevaba a más de 1.767 millones de euros.

Los sectores más vulnerables, como los servicios de farmacia, limpieza y mantenimiento, sienten el impacto directo de esta crisis. Los representantes de la Generalitat señalan que este sufrimiento económico es consecuencia de la estrategia de presión del Gobierno central, que está poniendo en peligro la estabilidad de la ciudadanía.

Frente a esta situación, el gobierno valenciano, liderado por Carlos Mazón, ha tomado la delantera en la exigencia del FLA extraordinario, un recurso esencial hasta que se resuelva la infrafinanciación que enfrenta la comunidad. Este tema ha sido llevado a la última Conferencia de Presidentes, aunque sin respuesta positiva del presidente Sánchez.

Asimismo, la Confederación Empresarial Valenciana ha hecho eco de esta solicitud al Ministerio de Hacienda, apoyada por expertos en el campo. La Generalitat insta a la coalición del PSPV a unirse a esta demanda, criticando la falta de apoyo de Diana Morant, quien, según consideran, antepone los intereses políticos a los derechos de los valencianos.

La situación de la Comunitat Valenciana se define hoy por una financiación autonómica que, según se afirma, se ha convertido en una herramienta de presión política del gobierno central. En un contexto de crisis económica, una pronunciada deuda comercial y la necesidad de recursos para la reconstrucción tras recientes desastres naturales, se hace urgente que se tomen decisiones que favorezcan a la ciudadanía y no a intereses partidistas.