El Consell revisa con lupa el macrovertedero de Zarra, sin respaldo del Gobierno valenciano

El Gobierno valenciano ha garantizado que examinará minuciosamente todos los informes relacionados con el macrovertedero de Zarra, en el Valle de Cofrentes-Ayora, ante la oposición expresada por el propio Ejecutivo. Aunque la tramitación del proyecto comenzó hace años, ahora el Consell se muestra más exigente y cauteloso en su aprobación.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha admitido públicamente que no le gusta el vertedero y que existe una fuerte contestación social contra él. La Administración autonómica está en fase de recopilar informes sectoriales de varias administraciones, en un proceso que busca garantizar la protección ambiental y la legalidad del proyecto.

Este cambio de postura refleja una tensión política y social que enmarca la política ambiental en la Comunidad Valenciana. La oposición ciudadana y las organizaciones ecologistas han cuestionado el impacto del macrovertedero, mientras que el Gobierno autonómico insiste en que la ubicación y las condiciones deben ser consensuadas con todos los municipios afectados.

Desde el ejecutivo regional, se apunta a un modelo que apuesta por reducir la dependencia de vertederos, promoviendo plantas de tratamiento y reciclaje como soluciones principales. La zona del Valle de Cofrentes-Ayora, en particular, necesita mejorar su infraestructura para gestionar residuos de forma más sostenible y evitar en lo posible la construcción de grandes vertederos.

El futuro del macrovertedero dependerá del resultado de los informes técnicos y del cumplimiento del procedimiento legal. La posición del Consell indica una mayor cautela, teniendo en cuenta la sensibilidad social y el interés por avanzar hacia una gestión de residuos más respetuosa con el medio ambiente. La decisión final aún está por definirse, en un contexto de debate sobre sostenibilidad y planificación territorial.

Este proceso se enmarca en la estrategia de la Generalitat para avanzar hacia una economía circular y gestionar los residuos con criterios de protección ambiental, en línea con las políticas nacionales y europeas.